La revocación de mandato agendada para el 10 de abril ha quedado entrampada en el conflicto entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno de México. La decisión del INE anunciada por Lorenzo Córdova de instalar apenas un tercio de las casillas por razones presupuestales no debe dejar a la ciudadanía conforme.
En un notable error de cálculo, las figuras más estridentes del INE parecen empeñadas en confirmar que han interpretado la realización de este mecanismo como un capricho del Presidente y no como un derecho constitucional.
En consecuencia, como ya pasó con la consulta popular realizada el 1° agosto del año pasado, el INE se ha mostrado displicente para cumplir su obligación básica y primordial: ofrecer a la ciudadanía los medios para ejercer sus derechos políticos.
No contar con las suficientes casillas para que el padrón acuda a expresar su posición frente a la revocación vulnera derechos adquiridos y este es un problema para el propio Instituto, pues pone en juego su credibilidad y siembra dudas sobre su capacidad para organizar este tipo de ejercicios participativos.
La negativa del INE a considerar la propuesta de la Secretaría de Hacienda para hacer un ajuste en su presupuesto con el objetivo de contar con fondos suficientes abona a la interpretación que ve en este problema una cuestión de voluntad política y no un mero obstáculo técnico.
¿Qué nos ha llevado a esta situación? Ciertamente el protagonismo del consejero presidente Lorenzo Córdova y de su colega Ciro Murayama no han ayudado a establecer un marco de trabajo adecuado. Su posición política ha sido expresada de formas poco sutiles. Por ejemplo, sacando desplegados públicos denunciando el peligro populista que azota a las democracias de occidente. Sin nombrarlo al Presidente, el tono y el léxico empleado coincide con el diagnóstico apocalíptico que han expresado los sectores más duros y polarizantes de la oposición.
Ante este escenario cabe preguntarse en nombre de quién habla el consejero presidente. Parece una obviedad, pero vale la pena recordar que la fuente del poder del INE es el cuerpo electoral organizado. Asumir una posición política propia es, en gran medida, confiscar ese poder.
La función del organismo electoral es permitir que el cuerpo electoral se exprese, dándole los medios y garantizando la certeza en los resultados.
La participación de los Consejeros en el debate público debe ser muy cuidadosa de no hablar en nombre del pueblo organizado electoralmente, pues no lo vincula a él ningún mandato representativo, sino una servidumbre técnica. La discreción y la neutralidad en las intervenciones de los Consejeros no son cuestión de estilo, sino parte esencial del cumplimiento de sus funciones. Lamentablemente este no ha sido el caso.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
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