Hace un par de semanas AMLO expresó su rechazo a que haya unidad a toda costa, incluso dijo no estar dispuesto a que con tal de alcanzarla (la unidad) tuviese que abrazar a corruptos que le han hecho tanto daño al país.
Eso es aplicable a lo que pasó en la discusión y aprobación de la reforma política-electoral en la Cámara de Diputados. Cierto es que sin los votos de la oposición no fue posible alcanzar la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución, pero sus votos no nos hacen falta para limpiar las instituciones y renovar la vida pública.
Gran parte de la atención pública se centró en el INE y los señalamientos que desde la 4T hemos hecho sobre sus dispendios, el sueldo estratosférico de las y los consejeros por encima de lo que gana el Presidente de la República (lo que viola la Constitución), la defensa a capa y espada que hicieron de sus sueldos cuando el gobierno de AMLO instauró la austeridad republicana, así como la actuación facciosa y parcial de los consejeros, particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Por cierto, no me sorprendería verlos en un futuro postulados a un cargo de elección popular por el PRI, por el PAN o por el PRD; cuando eso suceda se terminará de demostrar públicamente para quién trabajan en realidad. Tiempo al tiempo.
La oposición y su mecenas, Claudio X. González, pretendieron engañar a la población con la mentira de que AMLO quería desaparecer al INE para controlar las elecciones. Como parte de su estrategia organizaron una marcha que pretendieron hacer parecer como evidencia de que la mayoría de los ciudadanos están contra el gobierno de AMLO, simulación que se les derrumbó cuando este encabezó una marcha mucho más numerosa que demostró con quién está la verdadera mayoría en este país.
Tanto en la iniciativa de reforma constitucional como en el Plan B, quedó demostrado que el INE no desaparecería, sino que se transformaría en el INEC (igual que en 2014 el IFE se transformó en INE) y que en esta nueva ingeniería institucional los consejeros electorales serían profesionales ajenos a intereses de los partidos políticos.
Con la reforma a leyes secundarias se establecen medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral, se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, se garantiza el cumplimiento de la paridad de género y la representación de grupos vulnerables, se establecen límites a las arbitrarias interpretaciones de la ley por parte del INE y del TEPJF para que no legislen de facto, se fortalece el Sistema Nacional Electoral integrado por el INE y los Oples, se compacta la estructura orgánica de ambos en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; se obliga a los órganos electorales a que las percepciones de Consejeros y Magistradas sean inferiores al salario del Presidente de la República, se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, se consolida y garantiza el juicio en línea, entre otros. Todo ello, sin el voto de la oposición.
Está claro quiénes queremos un México sin corrupción, una verdadera democracia en la que prevalezca la voluntad popular e instituciones confiables al servicio de las y los ciudadanos, y quiénes quieren seguirse repartiendo a esas instituciones como si fueran un botín.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
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