El estudio de la estructura socioeconómica en México siempre será crucial y cobrará especial relevancia, porque es a partir de su entendimiento y su análisis que las políticas económicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de su población pueden llevarse a cabo de mejor manera.
De acuerdo con muchos analistas en la materia, la mejor forma de poder monitorear el crecimiento y el bienestar económico de una nación tiene que ver directamente con el aumento o decrecimiento del ascensor de movilidad social. En otras palabras, no se puede creer que exista bienestar económico en las familias del territorio nacional, si el dinero no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y permitirles construir proyectos de crecimiento profesional y económico a mediano y largo plazo.
¿Pero, qué a que se refieren los especialistas y políticos cuando mencionan este fenómeno?
El concepto de movilidad social se refiere al movimiento o desplazamiento entre las distintas clases sociales que experimentan las personas, debido a la modificación de sus condiciones de vida. Este cambio puede ser a ascendente o descendente. La educación, la renta, el patrimonio, el trabajo y la familia son condicionantes para determinar la estabilidad o vulnerabilidad de un segmento poblacional. Por lo tanto, su alteración, permite la mencionada oscilación.
En este orden de ideas, una persona que cuente con un mayor nivel de instrucción desarrollará mayores capacidades y habilidades cognitivas, que, en teoría, deberían traducirse en mejores oportunidades de desarrollo económico, para él y sus familiares. Esta situación, por desgracia, dejó de convertirse en una regla y, es más bien, una excepción en México.
El problema con este fenómeno es que, en muchos países del mundo, su accionar pareciera quedar en manos de la buena voluntad del mercado en lugar de ser una prioridad de los gobiernos en turno.
Además de ello, México se encuentra entre los países con mayor desigualdad de ingresos y menor movilidad social del mundo. Una de las características de la distribución de ingresos en este país, es la distancia cada vez mayor, entre las personas adineradas y el resto de la población: utilizando el salario familiar actual, la razón del decil 10 al decil 1 es de 18.3 veces. Con un coeficiente de Gini de alrededor de 0.5, lo que significa que sólo 3 por ciento de los nacidos en el quintil más bajo, ascenderá a la cima, y sólo 2% del quintil superior, terminará en la parte inferior, con pocos cambios a lo largo del tiempo en los últimos años.
Esta rigidez social conduce a la concentración de oportunidades: quienes parten de una posición desfavorecida tendrán menos oportunidades de triunfar, mientras que los nacidos en privilegios continúan acumulando más ventajas a lo largo de su vida, que luego pueden transmitir a sus hijos. Esta, aunque no es una condición única, sí es mayoritaria.
Todo lo anterior se explica, en parte, por el alto nivel de desigualdad de oportunidades, que, en el caso de México, representa al menos la mitad del total de todos los tipos de inequidades observadas. El norte del país moderno y competitivo, se ubica a años luz del sureste anquilosado y sumido en la pobreza.
En el libro, “Desigualdades, por qué nos beneficia un país más igualitario”, la más reciente publicación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el economista Raymundo M. Campos Vázquez, afirma que, “si estas brechas siguen creciendo entre el norte y el sur, las desigualdades a las que nos estamos enfrentando, sobre todo en términos regionales, representan la mayor amenaza para la integridad territorial y soberanía del país como lo conocemos”.
Por lo anterior, las desiguales excesivas de México deben de abordarse desde un punto de vista multidimensional, por lo que una sola política no será suficiente para hacerle frente, sino echar mano de un “conjunto de políticas”.
En suma, para reducir dichas desigualdades, es preciso proveer servicios públicos de calidad en todo el país —educación, salud, transportación, seguridad, etc.—, es preciso que el gobierno combata la discriminación en todos los aspectos. Lo anterior solamente puede entenderse desde la lógica de incrementar la recaudación y darle una reorganización a dichos recursos que se puedan traducir en mejores servicios hacia la población.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INAP
MBL