Esta semana el gobierno peruano declaró persona “non grata” al embajador de México, Pablo Monroy, dándole 72 horas para abandonar el país andino. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se dio a conocer que la decisión se tomó después de reiteradas expresiones de las autoridades del gobierno federal sobre su situación política, considerando que las declaraciones realizadas representan una injerencia en asuntos de política interna y violan el principio internacional de no intervención.
Lo anterior, ocurrió después de que se le otorgara salvoconducto a la familia del expresidente peruano, Pedro Castillo, el cual utilizaron para abandonar ese país y dirigirse a México tras el asilo otorgado por las autoridades mexicanas. Tras el anuncio, la SRE informó que se mantendrán abiertos los canales de comunicación entre ambas naciones, así como sus relaciones multisectoriales.
Tras lo ocurrido, mucho se ha hablado sobre el honor en la tradición de asilo provista por el gobierno mexicano, sin embargo, la aplicación en este caso genera ciertas dudas, dadas las condiciones en las que se otorga, ya que estando en su pleno derecho de aplicar la legislación local e internacional respecto a los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos domésticos de cualquier otro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decide reiterar comentarios desde su conferencia de prensa matutina respecto a la situación político-electoral de aquel país, pese a que funcionarios del Perú habían solicitado mesura al respecto.
No sólo eso, la situación limite se presentó cuando el entonces embajador Monroy visitó en la prisión a Castillo, en una coyuntura de transición de poderes y virtual ingobernabilidad que impera en esas latitudes.
Más allá del discurso intervencionista utilizado en México y el mundo, de acuerdo con el criterio en turno, y pudiendo cuestionar la decisión de otorgar o no el asilo a un funcionario público de otro país acusado de delitos políticos, estamos hablando también de la discrecionalidad con la que el gobierno mexicano ha tenido que equilibrar lo discursivo desde una izquierda revanchista antineoliberal con el pragmatismo de un mundo capitalista, interconectado y codependiente.
Las tradiciones políticas y diplomáticas deben perdurar y aplicarse bajo un contexto de legitimidad, representatividad y legalidad, no desde la ocurrencia e improvisación discursiva.
POR AZUL ETCHEVERRY
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