Lejos del humanismo que presumía en el cuarto aniversario de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró esta semana sin la empatía que se esperaba luego de un atentado de alto impacto, como el que padeció el periodista Ciro Gómez Leyva.
Ha sido una administración federal ruinosa para la libertad de expresión. Quienes nos dedicamos a este oficio, hemos visto cómo de manera continua y reiterada la violencia y estigmatización crece.
Con lo ocurrido el pasado jueves 15, el Presidente se ha mostrado más a la defensiva que de costumbre, diciendo que el ataque pudo ser un “autoatentado”. Una nueva definición que para López Obrador no significa que el propio Gómez Leyva orquestó lo que todos sabemos, sino que lo hicieron sus adversarios para desestabilizar a su gobierno. Lo hace, como casi siempre, sin aportar pruebas, pero con insistencia como si las tuviera.
Si López Obrador y su gobierno saben algo, deberían decirlo ya. La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene que llevan a cabo una investigación seria y que presentarán elementos sólidos en los próximos días. Ojalá sea así.
México se ha convertido en el más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas; Jan-Albert Hootsen, representante de México, informa que este año la única nación que registró más periodistas asesinados que México fue Ucrania, que está combatiendo la invasión rusa. Sólo para poner en contexto esta violencia inédita. En respuesta a esta incertidumbre, más de 180 periodistas emitieron un posicionamiento donde se le pide al Presidente López Obrador terminar con sus discursos de hostigamiento y criminalización en contra de las y los comunicadores del país, pues todas las emanaciones de odio hacia los comunicadores se “incuban, nacen y se esparcen” en Palacio Nacional. La respuesta es de todos conocida.
Insisto, no es que AMLO mande matar. Es que con su actitud hacia la prensa, alguien iba a aprovecharse. ¿Quién se beneficia?
CONTRASEÑA: La lucha por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a los niveles más bajos, al destapar cloacas cuyo contenido impedirá que varios ministros que lo desean alcancen ese puesto y los marcará toda su vida profesional. El caso más notorio es el de la ministra Yasmín Esquivel, cuyo plagio de tesis para titularse profesionalmente fue exhibido, sin que ella pudiera hacer nada para salir airosa. Ni el presidente López Obrador que la propuso la pudo defender. Poca confianza quedará para ella en el resto del tiempo en el encargo. La revelación de un escándalo también amenaza al ministro Javier Laynez, por lo que tampoco quedaría en posibilidades de buscar la presidencia. Es un juego muy rudo y sucio del cual apenas saldrían librados la ministra Mirna Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este último, con apoyos dentro y fuera de la Corte, que lo perfilarían para ser el próximo ministro presidente, a menos claro, que no lo dinamiten sus compañeros.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MBL