La apertura política de México al mundo fue muy lenta, paralela al gradual proceso de democratización del país. Inició a principios de los ochenta del siglo pasado, cuando el PRI era el partido hegemónico y mantenía un control total del estado y la política nacional.
Durante varias décadas sucesivos gobiernos, argumentando la no intervención en asuntos internos, mantuvieron la tesis de que el respeto a los derechos humanos era un tema esencialmente interno, de soberanía nacional, por lo que correspondía exclusivamente a cada país velar por su observancia. La comunidad internacional nada tenía que decir al respecto.
Pero en 1981 el régimen dio un paso gigantesco de apertura: adhirió al país a los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos (ONU y OEA). Para su crédito histórico, el gobierno de López Portillo argumentó que México no podía mantenerse ajeno al movimiento internacional a favor de los derechos humanos, una de las grandes causas de la humanidad, cuya simiente está en la Carta de las Naciones Unidas (1945). No sólo eso, en la Exposición de Motivos para promover la adhesión a los convenios internacionales, el gobierno subrayó que la decisión de abrir al país en esa materia era un correlato lógico a la reforma política interna, por la que, entre otras cosas, por primera vez se había reconocido la existencia del Partido Comunista y otras fuerzas políticas.
Posteriormente, en 1998, el gobierno de Zedillo reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que las presuntas violaciones de estos derechos, que no fueran debidamente atendidas por las instancias judiciales internas, podían ser llevadas a la atención de este tribunal americano. El movimiento a favor de los derechos humanos continuó en este siglo con las visitas e informes de decenas de relatores y comités de la ONU y de la OEA, que fueron ampliamente difundidas en los medios, en las que abundaron críticas, observaciones, y múltiples recomendaciones, que fueron base de cambios normativos a todos los niveles.
A nivel interno, en 2011 se reformó la Constitución para reforzar la promoción y protección de los derechos humanos. El nuevo texto del artículo 1 dispuso que todas las autoridades, a nivel nacional, estatal o local, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esa reforma también añadió la promoción y protección de los derechos humanos como uno de los principios básicos que deben guiar la política exterior del gobierno.
Con avances y retrocesos, el antiguo régimen hegemónico abrió gradualmente espacios a las oposiciones de izquierda y derecha. Se crearon instituciones autónomas para promover y proteger los derechos humanos, en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y una institución que asegurara el respeto al sufragio efectivo, el Instituto Federal Electoral. Reformas políticas sucesivas, acordadas siempre por consenso de todas las fuerzas políticas, mejoraron un sistema electoral autónomo, que se ganó a pulso la confianza y apoyo de la población, y la credibilidad internacional. Las elecciones dejaron de ser controladas por el gobierno en turno, lo que facilitó la alternancia en el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales. La existencia de un sistema electoral independiente fue uno de los factores que López Obrador aprovechó para triunfar ampliamente en las elecciones de 2018, y que su victoria fuera reconocida sin ningún cuestionamiento por el gobierno y todas las fuerzas políticas.
Pero hoy vemos que el gobierno de López Obrador está haciendo todo lo posible para socavar las funciones del Instituto Nacional Electoral y, hasta donde se pueda, someter nuevamente los procesos electorales al dominio del gobierno. Ya sometió a la CNDH a sus dictados. Nadie les cree que su reforma electoral, ya aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, por primera vez sin el consenso de todas las fuerzas políticas, es para ahorrar recursos. Se trata de inclinar la cancha a favor de MORENA para las elecciones de 2024. Son reformas inconstitucionales, pero confían en que cuatro ministros de la Suprema Corte se dobleguen, no las declaren así, y de esa forma prevalezcan. Si lo logran, será el inicio del ocaso democrático nacional.
La apertura a la mirada externa que acompañó al proceso de democratización también es cuestionada por López Obrador, quien ahora afirma que tanto la ONU como la OEA “cuestan mucho y no dan resultados”. Ignorando los hechos, tildó a ambas organizaciones de “alcahuetes” que no hacen nada a favor de los derechos humanos, y de que en el pasado no vieron nada, pero que ahora, con él en el gobierno, “se les nubla la vista por su conservadurismo”.
Las críticas constantes a la OEA, fundamentalmente por las misiones de observación electoral que lleva a cabo esa organización, parecen dirigirse en la misma ruta. Haciendo suya la tesis de los gobiernos no democráticos de la región (Cuba, Nicaragua, Venezuela) para López Obrador son injerencistas, a pesar de que se llevan a cabo con el consentimiento previo de los gobiernos, conforme a la Carta de la Organización y la Carta Democrática Interamericana. ¿Ese rechazo anuncia que su gobierno no aceptará observadores del exterior en las elecciones de 2024? Si así ocurre, será el final de la apertura mexicana al exterior en materia de democracia y derechos humanos. Enorme retroceso histórico.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS
PROFESOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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