Está fuera de duda la importancia de las tareas del Instituto Nacional Electoral, que no sólo es organizador de elecciones, sino también árbitro entre los contendientes políticos y emisor del principal instrumento de identidad ciudadana, además de otras funciones.
Aun así, resulta muy difícil que el INE pueda justificar racionalmente un presupuesto de 14 mil millones de pesos (sin incluir el dinero de los partidos) y una plantilla permanente de 18,830 trabajadores en 2022, un año en que no hubo elecciones federales.
Desde años atrás, he planteado la necesidad de que las finanzas y la plantilla laboral del INE se ajustaran con criterios de racionalidad. En septiembre de 2016, por ejemplo, preguntaba yo (perdón por la autocita): “En un país acosado por la delincuencia que mata, secuestra, roba…, ¿qué racionalidad presupuestal puede haber si se gasta más en elecciones que en procuración de justicia?” Y agregaba: “El instituto y el tribunal electorales federales tienen este año (2016) presupuestos que suman $18,000 millones…, mientras que la PGR dispone de $16,500 millones. Es evidente lo descomunal del gasto, más aún si se consideran los egresos de los estados, que en 2015 superaron los $35,000 millones” (Reforma 21/09/16).
Tales excesos en el gasto comicial continúan y las reformas del llamado Plan B de la 4T tienen justificación de cara al devorador de presupuesto que es el órgano electoral. Sin embargo, las reformas no deben afectar aspectos trascendentales de la estructura y la actividad del INE, pero esto no a criterio de los catastrofistas que auguran el fin de las elecciones auténticas y libres. Nuestra democracia no está aún consolidada, pero no va a desaparecer a causa de la restricción a excesos burocráticos, la compactación de áreas y la necesaria reducción de una plantilla mastodóntica. Eso sí, los derechos laborales deben ser garantizados en todo momento y así lo prevé la reforma.
Es probable que este jueves 15 de diciembre quede aprobado el Plan B, pero en realidad la historia apenas comienza. Seguirá un período de impugnaciones que seguramente habrán de ser resueltas por la Suprema Corte.
Ahora bien, al margen del litigio jurisdiccional, convendría que el Congreso abriera alguna suerte de consultas para proyectar las consecuencias de las nuevas disposiciones legales. Esas consultas debieron hacerse antes, pero ¿cómo realizarlas en un ambiente en que, olvidada la imparcialidad, una parte de los consejeros del INE se comportan abiertamente como militantes de la oposición?
Con todo, los derechos de los ciudadanos y un genuino espíritu democrático deben prevalecer para que, si fuera el caso, se definan las correcciones pertinentes. En aras de evitar males irremediables, más vale reformar a tiempo la reforma.
Un ejercicio así será posible si se lo ubica fuera de la esfera del catastrofismo y la polarización que han rodeado al Plan B. En esta hipótesis, será necesario escuchar a los técnicos electorales, a los que preparan y realizan las elecciones, más que a los representantes informales de la oposición en el INE.
PLUS ONLINE: El desaseado proceso legislativo
Resulta inocultable que el proceso legislativo para ejecutar el Plan B en la Cámara de Diputados resultó desaseado y, aunque no estaban en la iniciativa presidencial de reforma a las leyes, se incluyeron contenidos inconstitucionales como una nueva disposición, aprobada en San Lázaro y excluida en el Senado, que flexibilizaba el umbral del 3% para mantener el registro de los partidos, al disponer que para cubrirlo se considerarían los resultados en las elecciones locales de 17 entidades federativas. Esto pese a que la Constitución dispone expresamente que ese porcentaje deberá obtenerse en alguna de las elecciones federales.
Esta inconstitucionalidad y otras más fueron corregidas tras la revisión realizada en el Senado, donde se elaboró una nueva minuta que será enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación. Más allá de su situación polémica en Morena, es de reconocerse la gestión del líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, que logró desfacer entuertos, al menos algunos.
Este complejo proceso legislativo muestra el acierto del sistema bicamaral, en el cual una cámara revisa actos de la otra y por esa vía se corrigen errores, cualquiera que sea su origen.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
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