A lo largo de su carrera política, y desde el inicio de su gobierno, fue manifiesto el desinterés del presidente López Obrador en la política exterior. Anclado en la no definición de que “la mejor política exterior es la política interior”, el presidente se inmovilizó en política internacional. Se limitó a repetir que su gobierno se atendría a los principios de política exterior de no intervención en asuntos internos, autodeterminación de los pueblos, y solución pacífica de las controversias. Significativamente, el presidente siempre omitió el principio de defensa y protección de los derechos humanos que también consagra nuestra constitución, y que tan relevante es frente a situaciones como la que se viven en América Latina.
El presidente sustituyó el diseño y ejecución de una política exterior coherente, en la que quedaran claras las prioridades, objetivos, y metas que intentaría promover a nivel regional e internacional, con la repetición de sus mantras. Antes y después de la pandemia, se abstuvo de asistir a las cumbres del Grupo de los 20, a las asambleas generales de las Naciones Unidas, o a conferencias internacionales clave para el mundo actual, como las cumbres sobre cambio climático. Sobre todo, se privó de conocer, y ser conocido, por los grandes dirigentes mundiales, y promover él mismo los intereses de México y sus ideas sobre el orden internacional, como hacen todos los líderes sobresalientes.
Además de la obligada interacción diaria con Estados Unidos, la única región del mundo que parece interesarle al presidente es América Latina. Pero hay una enorme inconsistencia en la aplicación de los principios de política exterior. Le han servido para no pronunciarse sobre los abusos de derechos humanos sobre regímenes con los que simpatiza o siente afinidad, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero no para dejar de emitir juicios injerencistas sobre la política interna de muchos países de la región, como ha ocurrido con Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Panamá. Esta inconsistencia tiene un precio cada vez más alto: aislamiento regional y falta de credibilidad en su gobierno.
Ahora el presidente se está inmiscuyendo en los asuntos internos de Perú. No le corresponde a México ofrecerle asilo diplomático al expresidente Pedro Castillo, sobre el que siento enorme simpatía por su origen social, pero que fue destituido de su cargo conforme a la Constitución de esa nación, después de que intentó, sin ninguna base legal, disolver el Congreso y dar un golpe de estado. Su decisión fue rechazada no solo por los congresistas de su país, sino por las fuerzas armadas, la policía, su mismo partido y hasta los miembros de su gabinete.
La decisión del Congreso de deponer, y ordenar la detención del expresidente Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México para ser asilado, lo que no logró, se apegó a la Carta Magna vigente en ese país. Nadie tiene derecho a descalificar la forma en que procedieron las instituciones peruanas, sin sobajar su soberanía. Menos que nadie el gobierno de México, nación que hizo de la Doctrina Estrada (1930), desde hace casi cien años, una pieza central de su política internacional.
Castillo no es la víctima de un golpe de estado en su contra. No es un perseguido político por sus ideales. Fue él quien violó la constitución que prometió respetar. Insistir en otorgarle asilo diplomático es temerario frente a la manifiesta negativa del nuevo gobierno peruano, y carece de base en las convenciones internacionales y regionales sobre asilo y refugio. Lo que la comunidad internacional debe pedir es que se respeten sus derechos humanos, en especial su derecho a un juicio justo e imparcial, y la realización de nuevas elecciones en Perú, en el plazo que determinen sus propios procedimientos constitucionales.
La no intervención y la autodeterminación de los pueblos son principios básicos del derecho internacional, consagrados tanto en la Carta de la ONU, como la Carta de la OEA. Son principios complementarios. Claro que la no intervención extranjera es un requisito previo para permitir la autodeterminación de un pueblo. La injerencia externa en procesos políticos internos, especialmente electorales, o para influir en la conformación de un gobierno, menoscaba el derecho a la autodeterminación de ese pueblo.
Pero la voluntad de un pueblo sólo se puede verificar mediante elecciones libres y periódicas. De lo contrario, no se puede saber cuál es la voluntad de ese pueblo en un momento determinado, y sobre todo su derecho a cambiar de gobierno si así lo decide una mayoría. Si a un pueblo no se le consulta cuál es su voluntad mediante elecciones libres, en la práctica se le está negando su derecho a la libre determinación. Ese es el problema con las dictaduras establecidas, o los aspirantes a dictadores que asumen que sólo ellos representan al pueblo. Cuando tienen éxito se convierten en la negación del derecho a la libre determinación.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANASMIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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