El 27 de septiembre de 1930, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, publicó en un comunicado el texto que se conoce como “Doctrina Estrada”, cuya esencia es que México no se pronuncia sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los califica.
“México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros".
La no intervención se materializa así en el reclamo de un régimen que luego de una cruenta revolución batallaba por el reconocimiento internacional, al tiempo que países poderosos medraban ese reconocimiento a cambio de concesiones. Uno de esos momentos en los que nuestra diplomacia ha sido la línea de defensa de la soberanía nacional.
Ese principio es fruto de las complicadas situaciones que México, como muchos otros países, experimentó en su construcción como nación independiente. El reconocimiento de otros países, especialmente de las potencias, se condicionaba para las nuevas naciones o los gobiernos emanados de revoluciones internas –como México, China o la URSS– a todo tipo de condiciones usualmente de índole económica cuando no de extraterritorialidad o exacción de recursos naturales y estado de excepción para ciudadanos y capitales de esas potencias.
Por eso mismo, nosotros reconocemos países, independientemente del partido político que gana en sus elecciones o de las acciones soberanas sobre sus formas de gobierno. Si por alguna razón decidimos desconocer a alguien, sería al país entero más no meramente a un gobierno. Eso en un sentido de aplicación ortodoxa del principio, pero justo es reconocer que también existe siempre una dosis de pragmatismo, por ello en la práctica podemos retirar a nuestros agentes diplomáticos de aquella nación con cuyo gobierno no coincidimos y observar tiempos y circunstancias para restituir nuestra presencia diplomática, como hicimos por décadas ante el gobierno franquista, por ejemplo.
En el pragmatismo está la idea de que nuestra presencia in situ puede resultar más constructiva en transiciones institucionales e incluso como alternativa de asistencia, como lo fueron los meses que México mantuvo en Santiago de Chile a su embajador, luego del golpe militar en contra de Salvador Allende, esos meses permitieron salvar a centenares de chilenos que dejaron atrás la dictadura de Pinochet. Incluso no apresurarnos al desconocimiento permite ayudar a salvar vidas y hasta gobiernos como lo fue en el intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en 2002.
“Mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras”, cita la Doctrina.
En otro aspecto el derecho de legación para la presencia de representantes diplomáticos permite expresar parecer o desavenencia sin juzgar declarativamente, se trata entonces no de aislarse o incluso justificarse, sino de mover piezas estratégicamente en función de nuestros intereses y valores.
POR DAVID NÁJERA
EMBAJADOR DE MÉXICO, ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
MBL