El presidente y sus secuaces saben que pueden perder los comicios del 2024 y se han propuesto desmantelar al INE para evitarlo. En un albazo legislativo y violando normas y procedimientos parlamentarios, aprobaron en la cámara baja una miscelánea electoral con el sólido propósito de mermar la capacidad operativa del órgano responsable de organizar las elecciones.
Su plan de demolición incluye cambios a varios elementos que forman parte del entramado institucional electoral: al INE se le resta capacidad operativa para organizar elecciones; desaparece la Junta General Ejecutiva y se debilita la figura del Consejero Presidente; se abre la posibilidad para que sus corcholatitas hagan campaña libremente y sin cortapisas, y se permite transferir votos y beneficiar a los partidos satélites del obradorato, en específico al partido verde y al del trabajo.
Para evaluar un sistema electoral o elegir uno nuevo -como ya se ha escrito en entregas anteriores- primero es necesario preguntarse: “¿qué se quiere obtener con determinado andamiaje electoral?”. Ya que ningún diseño transfiere de manera directa las preferencias de los votantes a posiciones políticas. Además, las reglas del juego generan escenarios específicos y moldean el comportamiento individual. Eliminar o reducir las barreras a la entrada de los partidos políticos atomiza la arena electoral. Esto puede explicar la inestabilidad política de algunos países del continente como Perú y Bolivia, por ejemplo.
Todos los sistemas electorales producen sesgos o distorsiones en sus resultados. La dificultad radica en que los objetivos son múltiples: que el voto de todos cuente lo mismo, que la elección refleje las preferencias de los electores, que los gobiernos sean estables al igual que sus gabinetes, que se obligue a los burócratas a rendir cuentas, y que se proteja a las minorías. Quienes se dedican a idear reglas del juego califican la robustez de los arreglos institucionales por su capacidad o incapacidad para producir los incentivos que garanticen imparcialidad y autonomía. En cambio, ahora el INE deberá regirse por el principio de austeridad y subordinase al presupuesto que se le asigne en el PEF, perdiendo autonomía e independencia frente a la cámara baja.
Las propuestas aprobadas tienen como propósito debilitar al árbitro electoral y las adecuaciones harán más difícil la organización de los próximos comicios. Lo necesario y deseable para los electores es contar con mecanismos de rendición de cuentas de burócratas y políticos; y asignar recursos suficientes para que los votos de todos cuenten lo mismo y que en realidad se cuenten por escrutadores imparciales. Eso debería ser lo verdaderamente relevante de una reforma electoral: fortalecer al árbitro, poner a los electores al frente de las decisiones electorales y por arriba de los designios partidistas y deseos de los políticos.
Alejandro Echegaray
@aechegaray1
MAAZ