Tan innecesario como prepotente —si bien disfrazado de civilizado— el nuevo ultimátum de López Obrador. Uno que a su vez se expresó de forma vociferante y ruda en voz de Pablo Gómez, director de la UIF de Hacienda: “Habrá violencia en México si el INE y el TEPJF siguen así y frenan a algún aspirante a la Presidencia”.
Vamos entendiendo. La marcha de hace unos días no fue sólo para mostrar músculo, sino para algo más torvo: dejar constancia de que AMLO tiene la forma, los medios y la gente para incendiar al país si así lo considera. E igual hoy con respecto a la reforma constitucional en materia electoral. Si bien la 4T pospuso su votación en el pleno de la Cámara de Diputados, hasta el 6 de diciembre para tratar de conseguir los votos necesarios, a sabiendas de que ello no ocurrirá AMLO ha iniciado su amenaza suave o el tejido fino de reformas a las leyes secundarias electorales. Unas que pasarán sin necesidad de la oposición, más rápido que en fast-track, tal como sucedió con las reformas a las leyes secundarias de electricidad.
Así, el plan B de Andrés Manuel no sólo consiste en anular al INE. Se trata de un crudo mensaje que no hemos querido ver: consecuencias que no son halagüeñas.
Suponiendo se presente una controversia constitucional a dichas reformas de leyes secundarias, la SCJN no abordará el asunto de inmediato. Si bien nos va, en un año, año y medio, ya en vísperas de las elecciones del 24, la Corte comenzará a resolver acerca de la materia. Mismo, suponiendo que entonces resuelva a favor del INE y de los quejosos, de aquí al 2024 muchos de los elementos del proceso electoral se habrán conducido bajo las nuevas reglas derivadas de las reformas secundarias electorales.
Si, peor aún, la Suprema Corte establece que no hubo fundamentos para resolver inconstitucionalidad, ni siquiera ocurrirá que se limite parcialmente la fuerza de la maquinaria morenista.
Me temo que estamos demasiado enfrascados en analizar el proceso de oposición a las reformas constitucionales y normativas sin darnos cuenta de que debemos enfocarnos en cómo vamos a enfrentar el hecho de que —de una manera u otra— ya no existirán procesos electorales tal como los conocemos. En otras palabras, debemos dar por descontado que la puesta en marcha de las nueves leyes secundarias tendrán verificativo en los hechos. Por tal motivo, mejor preparemos la forma de minimizar los efectos del agandalle político que se dará desde el aparato del Estado.
¿Qué significa esto? Que mismo teniendo una buena oposición (suponiendo que esta surja) no será ni de lejos suficiente para emparejar el piso de la contienda electoral.
Ello pasa por comprender que lo único que puede hacer que Morena se modere al momento de poner en práctica esta nueva legislación es que ocurra algo abrupto, terrible y de tales proporciones en el país o en la esfera gubernamental que se traduzca como un golpe a la Cuarta Transformación por parte de la validación ciudadana.
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En adición a lo anterior, se requeriría de manera urgente que la población que se opone al actual régimen construya candidatos para diversos puestos (obviamente para la Presidencia, pero no es la única candidatura que se disputará en el 2024); estos contendientes deberán ser disruptivos, novedosos, surgidos de otras esferas que no sean la de la política.
Por último (al igual que el frustrado pase de México a octavos de final en Qatar 2022), dado que muy poco probable que alguno de los elementos que antes se logre, considero que todos los mexicanos —comenzando por los críticos a esta administración federal——, pensemos qué significará en términos de gestión gubernamental una nueva victoria arrolladora de Morena. En otras palabras, debemos contestarnos la siguiente pregunta: en términos concretos y para cada ámbito de la vida nacional, ¿qué significa la consolidación de la Cuarta Transformación?
¿De qué estamos hablando?, ¿cuál será el programa de gobierno?, ¿qué es lo que la corcholata morenista podrá consolidar? Y las preguntas siguen: ¿qué podemos esperar para 2024-2030?, ¿una mayor moderación o mayor radicalización?; y si es una u otra, ¿qué debemos entender por ello?
Miren ustedes, he preguntado todo esto a diversos interlocutores, incluso dentro de los círculos del propio gobierno, y nadie sabe contestarlo. ¿Alguien está calculando con lápiz y papel lo que en concreto significa un obradorismo cimentado?
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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MAAZ