El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, del que Sedatu encabeza la estrategia de tierras, vivienda e infraestructura social, comenzó a trabajarse desde hace más de tres años. El objetivo es generar más y mejores oportunidades de desarrollo para una comunidad de fuerte arraigo a su cultura y a sus tierras, en donde existe una deuda histórica importante que apenas ahora ha comenzado a saldarse.
Desde la administración federal, era fundamental romper con la tendencia de relaciones autoritarias y abusivas que habían tenido los gobiernos anteriores con el pueblo yaqui, para entablar una comunicación horizontal y justa con sus autoridades tradicionales. Desde el comienzo, buscamos un trato directo con la gente y sus autoridades tradicionales para identificar sus necesidades en el territorio, partiendo de la confianza en un diálogo intercultural genuino y de una vocación social honesta para resarcir los agravios del pasado.
Estos esfuerzos han resultado en un proyecto de intervención con infraestructura pública en más de 100 obras en más de 50 localidades de la región, y en la devolución de más de 30 mil hectáreas de territorio a los pueblos tradicionales, que el pasado 29 de octubre firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Pitahaya-Belem, Sonora.
En este contexto, la restitución de las tierras, eje central del Plan de Justicia, representa más que una recompensa material para el pueblo yaqui. Los sacrificios que los yaquis han tenido que hacer durante generaciones para proteger su patrimonio convierten la entrega en un homenaje a sus antepasados, a la justicia y a la democracia que ahora quedan inscritas en su historia.
En materia de equipamiento urbano y espacio público, hemos construido a la fecha casi 40 obras, entre las que destacan el mejoramiento de las ocho guardias tradicionales, además de clínicas, centros de salud y la Universidad Yaqui, un proyecto educativo sin precedentes con un modelo adaptado a las necesidades locales. También hemos completado más de 70 obras de saneamiento y agua potable, y con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda hemos ayudado a más de 1,700 familias yaquis a mejorar o sustituir sus viviendas.
Estas obras forman parte de una estrategia de desarrollo urbano de gran escala, que con una inversión federal de cerca de 1,300 millones de pesos ha generado más de 6,000 empleos. Para cumplir con los tiempos pactados y entregar a la gente arquitectura social auténtica, ha sido necesaria una labor integral entre el gobierno federal, el gobierno de Sonora, las autoridades tradicionales de los ocho pueblos y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El éxito de esta colaboración yace en un compromiso mutuo con el bienestar del pueblo yaqui, y en una visión de bienestar social unificada.
Hoy estas obras de infraestructura, así como las tierras que han sido devueltas, representan oportunidades de desarrollo que nunca antes habían existido en la región. Esto no quiere decir que el trabajo del Plan de Justicia esté terminado, pues el seguimiento a los proyectos, el involucramiento de la propia comunidad y la presencia del gobierno en el cumplimiento de los derechos básicos del pueblo yaqui serán fundamentales, sobre todo en el futuro próximo. Sin embargo, se puede decir con certeza que la transformación ha llegado para quedarse.
Hacer justicia y garantizar la libertad de los pueblos originarios comienza por reconocer plenamente su autonomía y su lugar insustituible en la historia y cultura de México.
POR ROMÁN MEYER FALCÓN
@MeyerFalcon
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
MAAZ