En la última semana seguramente usted solicitó un servicio en Uber o DiDi para desplazarse. Probablemente pidió alimentos hasta la comodidad de su casa a través de Rappi o Cornershop. Tal vez disfrutó de alguna película, serie o podcast disponible en Netflix o Spotify. Quizá también compró algún producto en Amazon o Mercado Libre, o decidió abrir una cuenta en algún neobanco como Nu o Ualá. Y a nadie sorprendería si usted realizó todas las anteriores.
No es algo nuevo decir que la tecnología ha transformado nuestras vidas casi a la velocidad de la luz, así como nuestros hábitos de consumo y los medios para satisfacerlos. Ante esta constante evolución, el Estado enfrenta la enorme tarea de regular la operación de las empresas tecnológicas que hacen esto posible, sin inhibir la competencia y la innovación.
En este contexto, una agenda que se ha hecho más presente en el debate público es la del acceso a protección social para personas conductoras y repartidoras de plataformas digitales, aquellas que invierten en desarrollo tecnológico para facilitar la intermediación entre oferta y demanda. Ello permite dinamizar y hacer eficiente el mercado, con evidentes beneficios para consumidores y prestadores de servicios. Sin embargo, en este modelo una duda persiste: ¿cómo las plataformas pueden contribuir al bienestar de quienes dan vida a este ecosistema?
Para abordarla, es imprescindible iniciar reconociendo uno de los grandes beneficios de la economía colaborativa: la flexibilidad. este es un modelo en el que quienes ofrecen sus servicios pueden hacerlo cuando, donde y por el tiempo que quieran, enfrentando barreras de entradas mínimas para una generación de ingresos casi inmediata. Ello permitió, por ejemplo, que las plataformas sirvieran como válvula de escape al desempleo generado durante la pandemia de Covid 19, como queda en evidencia en la encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo de mayo de este año, la cual indica que para seis de cada diez personas repartidoras de DiDi Food, la pandemia influenció su decisión de prestar sus servicios a través de esta plataforma.
Sin embargo, hablar sobre el bienestar de quienes prestan sus servicios a través de plataformas digitales también pasa por cuestionar si la dicotomía en torno a la existencia o no de subordinación es la única puerta de entrada para atender el verdadero problema de fondo: la falta de acceso a seguridad social. El carácter flexible de la economía colaborativa resulta para muchos incompatible con la condición de subordinación prevista en la ley, y es ahí donde la discusión parece estar estancada. En tanto no exista la voluntad de buscar el cómo sí, se perderá la oportunidad de construir una regulación innovadora, centrada en las personas y que permita el acceso amplio a la seguridad social bajo un esquema de corresponsabilidad.
El futuro está en una regulación que no dependa de la existencia de una relación obrero-patronal para asegurar el acceso a la protección social y que, además, siente las bases para que las nuevas formas de generar ingresos que al día de hoy ya existen y las que vendrán mañana no queden excluidas del acceso a seguridad social.
Daniel Rosado Méndez*
*Asociado del Programa de Jóvenes del COMEXI
@Daniel_Rosado
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