La historia de las relaciones de México con América Latina registra muchos episodios en que se nos aparece un entrañable país hermano, Nicaragua, nación sufrida y turbulenta, pero también la tierra de grandes poetas y escritores, como el inmortal Rubén Darío, y más recientemente Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez. Para nuestro crédito, México siempre apoyó las luchas por la libertad del pueblo nicaragüense, manteniendo distancia y hasta oponiéndose abiertamente a gobiernos dictatoriales, incluso cuando contaban con el apoyo de Estados Unidos.
Tristemente, hoy vemos que Daniel Ortega ha consolidado, junto con su esposa, Rosario Murillo, una férrea dictadura en Nicaragua. Qué ironía de la historia. Su gobierno autoritario constituye la más abierta traición a la revolución de la esperanza que un día él mismo encabezó, junto con un grupo de jóvenes cansados de la larga dictadura de la dinastía Somoza, invocando el espíritu del héroe nacional, Augusto César Sandino.
Ortega ha superado a su némesis histórica, Anastasio Somoza, el dictador al que los sandinistas derrocaron en junio de 1979. Mediante el uso de la fuerza bruta y elecciones amañadas, se mantiene como presidente. Para lograrlo, no ha reparado en encarcelar a todos sus críticos y posibles adversarios, incluidos muchos excompañeros de armas sandinistas, como el histórico comandante de la revolución, Hugo Torres, detenido el año pasado, junto con otras 47 personas, poco antes de unas elecciones que carecieron de toda legitimidad. Torres murió en la cárcel en febrero de este año.
El nuevo dictador está batiendo récord en América Latina en niveles de cerrazón internacional, lo que ya es mucho decir. Ha expulsado del territorio nicaragüense a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos humanos y hasta del Comité Internacional de la Cruz Roja. Todas le estorban e incomodan.
Durante el presente año, ha ampliado sus ataques a las universidades y a la Iglesia Católica. Ortega sigue la conducta clásica de los dictadores que alcanzan el poder por la vía electoral, para después cancelar cualquier posibilidad de ser removidos por la misma vía. Por eso ataca a todas las organizaciones de la sociedad, grupos o individuos que mantienen una posición independiente y no se someten dócilmente a sus dictados.
Según la organización @PresasyPresosPolíticosNicaragua, desde abril de 2018, hace casi seis años, cuando Ortega y Murillo desataron una brutal embestida contra sus opositores, que le costó la vida a más de 400 personas a manos de la policía y grupos paramilitares bajo su control, mantienen en la cárcel a 219 presas y presos políticos. Para un país de tan sólo seis millones y medio de habitantes, es una cifra escalofriante. https://presasypresospoliticosnicaragua.org/lista-mensual-de-personas-presas-politicos/
Las acciones de Ortega y Murillo han sido objeto de continuas condenas internacionales, que la pareja rechaza sin más. Las críticas no sólo han provenido de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea, o la Social Democracia Internacional, que decidió expulsar de su seno al partido de Ortega, el Frente Sandinista. Más significativo aún, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con base en los informes de la ex Alta Comisionada y expresidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, ha aprobado varias resoluciones exigiendo al dictador Ortega poner en libertad a las y los presos políticos, el fin de la represión, y el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
En junio pasado, Bachelet afirmó: “Mi Oficina sigue denunciando detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, que cientos de organizaciones de la sociedad civil están siendo despojadas de su estatus legal y que, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”.
Por eso, fue muy refrescante escuchar al presidente de Chile, Gabriel Boric, condenar sin ambigüedades ante el pleno del Senado mexicano, la existencia de presos políticos en el país centroamericano. “No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua…No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos.”
El presidente López Obrador no debería seguir escudándose en el principio de no intervención para evitar críticas a la pareja Ortega-Murillo, cuando constantemente hace juicios sobre la situación interna de otros países latinoamericanos. Debería honrar nuestra tradición histórica y ponerse del lado del querido pueblo nicaragüense. Quizá la llegada del Presidente Lula, quien defiende la democracia, sea una oportunidad para que Brasil y México, junto con otros latinoamericanos, exijan la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. No hay que olvidarlo, de acuerdo a nuestra Constitución, al conducir la política exterior el Presidente también está obligado a defender los derechos humanos.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANASMIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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