"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". Angela Davis
Escuché la historia de una madre cuyo esposo quemó la mano de uno de sus hijos con una plancha cuando ella estaba trabajando. No puede llevar a sus hijos a la fábrica en que labora así que se ve obligada a dejarlos en la casa donde viven y que es propiedad de su marido. Ella no cuenta con familiares, amistades o personas de confianza que puedan cuidar de sus hijos, ni mucho menos con recursos para pagar por ese servicio. Carmen no tiene otro lugar donde vivir. ¿Cómo apoyar a esta mujer para que viva tranquila con sus hijos? ¿Cómo acercar a estas mujeres a las políticas públicas creadas para erradicar la violencia en su contra?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres han informado que el año pasado, una media de más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Es decir que, de las 81 mil mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021, 45 mil fueron victimadas por sus parejas u otros familiares.
La epidemia por COVID mostró que las mujeres están en riesgo permanente, incluso en sus hogares. El informe de la UNODC y ONU Mujeres expone que la tasa de homicidios a mujeres no ha cambiado sustancialmente en la última década, a pesar de las campañas que se han emprendido para erradicar esta violación masiva a los derechos humanos.
¿Por qué las mujeres no podemos estar seguras en nuestros hogares? ¿Cómo pueden las instituciones ayudar a las mujeres para que vivan libres de violencia? ¿Cómo acercar los centros de justicia y otras instancias a las mujeres que requieren sus servicios?
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y desde 2008, la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas impulsó la Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. El objetivo de la campaña consiste en generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres.
En México se han adoptado diversas políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Algunas de estas acciones se han dirigido a la mejora de los espacios y transporte públicos para favorecer su movilidad en condiciones de seguridad. Otras medidas, como la creación de protocolos de atención para las denuncias de acoso y hostigamiento sexuales en los entes públicos y el fortalecimiento de la capacitación de las personas servidoras públicas responsables de la instrumentación de éstos, buscan combatir estas conductas que suelen afectar más a las mujeres. Así se demostró en el Informe de 2020, que señala a las mujeres como 91% de las víctimas del total de denuncias.
En los órganos de impartición de justicia se ha impulsado la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional. Esta metodología permite identificar si hay violencia o discriminación directa e indirecta en las normas o durante su aplicación. También si existen contextos de desigualdad estructural que impidan o restrinjan a las personas el ejercicio de sus derechos con motivo de su sexo o género.
A las mujeres se les exige cumplir con deberes de cuidado de manera permanente. La atención del hogar y la pareja; a las personas enfermas o con discapacidad; a las niñas, niños y adolescentes. Su tiempo y decisiones están condicionadas al cumplimiento de este “deber” y cualquier cuestionamiento o rechazo es sancionado por la sociedad. A veces, bastará un reproche, en otras ocasiones, lamentablemente, las respuestas serán más violentas y las pondrán en riesgo a ellas y hasta a sus hijas e hijos.
En este contexto, no es difícil imaginar que sin tiempo libre, las mujeres estén imposibilitadas para acudir a las instituciones de apoyo. Sin dinero para trasladarse y sin opciones que las sustituyan en el cuidado de sus hijas, hijos o los familiares que dependen de ellas, la movilidad de las mujeres se ve seriamente restringida. Las instituciones no pueden permanecer al margen de estas circunstancias. Ha llegado el momento de que se acerquen a las viviendas, trabajos y espacios donde están las mujeres a extenderles la mano. La sociedad puede acompañar este esfuerzo, pero el principal deber corresponde a las autoridades.
Las políticas y programas públicos existen, llevémoslos a quienes los necesitan, pensemos en mujeres como Carmen y unámonos para que historias como la suya no se presenten, y si esto sucede, cuenten con mecanismos efectivos que les permitan salir de esos contextos de violencia. Las instituciones deben visitar a las mujeres y no sólo esperar a que formen parte de una lamentable estadística.