La pasión deportiva y el orgullo mexicano están siendo representados en Qatar por miles de aficionados que vibraron cuando Francisco Guillermo Ochoa Magaña -nombre completo del portero de la Selección Nacional- detuvo el tiro de penal impulsado por el delantero polaco Robert Lewandowski. Las explosiones de júbilo que literalmente hicieron vibrar al Estadio 974 de Doha, construido a base de contenedores reciclados de metal, dejaron constancia de la presencia de los poseedores de la identidad mexicana.
Pues bien, esa identidad masivamente representada en Qatar -quién lo dijera- carece de un documento que expresamente la acredite. Se dirá que para eso sirve la credencial de elector y así es, pero ésta tiene un carácter supletorio por la inexistencia de la Cédula de Identidad Ciudadana ordenada por la ley. Además, el instrumento comicial, útil sin duda, tiene dificultades de confiabilidad porque es un documento construido esencialmente con base sólo en la buena fe, en particular en sus primeros años.
Independientemente de que la credencial expedida por el IFE-INE es confiable para votar, el Estado tiene la obligación de emitir un instrumento llamado Cédula de Identidad Ciudadana y durante décadas no ha cumplido ese deber, a pesar de que hubo acciones en ese sentido en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Para generarla en las condiciones actuales se requiere una tarea coordinada entre Gobernación, INE, INEGI e INAI por lo menos.
Salgo al paso de suspicacias probables: el padrón electoral, la lista nominal y la credencial para votar deben quedar en el ámbito del Instituto Nacional Electoral o su sustituto (esto en el improbable caso de que se apruebe la iniciativa presidencial en la materia). No se trata de subordinar ninguna institución a otra, sino de que el Ejecutivo, por conducto de Gobernación, cumpla lo que establece la ley.
En un primer momento podrían coexistir la cédula ciudadana y la credencial electoral y una vez que la cédula sea expedida, si obtiene la confianza suficiente de la población, tal vez podría sustituir a la credencial electoral, pero la prudencia aconseja que tal sustitución no ocurra de manera automática, a causa de la enorme desconfianza ante el riesgo de que el gobierno intervenga en asuntos comiciales.
Ahora bien, sin perjuicio de lo escrito hasta aquí, importa detenerse en la idoneidad de una cédula en el siglo XXI, es decir, un instrumento físico de identidad, cuando el avance de la ciencia y la tecnología ofrece otros medios más eficaces. Obviamente, me refiero a medios biométricos como las huellas dactilares y el reconocimiento facial o por iris ocular que la persona lleva en su cuerpo.
¿Es muy pronto pensar en la biometría aplicada a la identidad? No es muy pronto, si recordamos que los bancos están usando ya en México elementos biométricos para identificar a sus clientes y en que los gobiernos de varios países -India, Estonia y Perú, entre ellos- también lo están haciendo. Es decir, es el Estado mexicano el que se está quedando rezagado en esta materia.
PLUS ONLINE: La desconfianza y la biometría
Aunque el incumplimiento de la ley y el poco interés ciudadano podrían indicar lo contrario, se trata de un asunto de primera importancia: la identidad, la comprobación documental y/o biométrica de que cada ciudadano es quien es.
Decenios de fraudulencias electorales por parte del gobierno, en particular durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), produjo una enorme desconfianza y generó en amplios segmentos sociales una suspicacia recargada. Es fácil suponer que, en un ambiente de polarización política como el actual, habrá muchas cejas que se levanten ante la posibilidad de entregar al Estado datos biométricos para lo que podría llamarse Clave (en vez de Cédula) de Identidad Ciudadana.
Sin embargo, el asunto no es nuevo. En el Congreso de la Unión ya han sido presentadas iniciativas que incluyen datos biométricos. Dos de ellas, relativamente recientes, son de la senadora priista Vanessa Rubio Márquez (shorturl.at/aBW16) y el diputado morenista Javier Hidalgo Ponce (shorturl.at/fsvA8), quienes en 2019 y 2020, respectivamente, presentaron propuestas de reformas a la Ley General de Población, que plantean expresamente la inclusión de datos biométricos.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM / omniacolumna@gmail.com
MBL