No falta mucho para que la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, lance su iniciativa de ley para obligar a las empresas que laboran con aplicaciones (transporte y reparto a domicilio) a que absorban toda la carga de seguridad social de choferes y repartidores. Hay quien estima que podría haber un madruguete legislativo y que los burócratas de la STyPS meterían la iniciativa a la Cámara de Diputados durante el Mundial de Futbol, para tomar distraídos a los interesados.
El riesgo es latente y grave para empresas como Uber, Didi y Rappi, que descansan en un modelo de economía colaborativa en la que los repartidores y choferes usan la aplicación a discreción, a veces un par de horas a la semana porque tienen otra actividad primordial en su vida, ya sea como estudiantes o trabajadores de otro sector.
Estas personas no operan bajo las órdenes de ninguna de las plataformas, su trabajo es flexible y está sujeto a su pleno arbitrio personal.
Pero a pesar de que la industria explicó este detalle durante los últimos meses al personal de la Secretaría del Trabajo, esta no escuchó ningún argumento.
El más importante de todos es que la comisión que toman esas empresas no supera 20 por ciento del costo total pagado por el cliente, pero los costos de la seguridad social (IMSS, Infonavit, afore, PTU…) equivalen hasta 30 por ciento, con lo cual, si se les obliga a absorberlo, les saldría más caro seguir operando en México que salirse de aquí. El resultado de la sordera burocrática es que en el escritorio de estas empresas ya existen los planes de salida, pues sería incosteable su operación en el país. Con ello, cientos de miles de personas perderían una fuente importante de ingreso.
Las empresas del sector han mostrado disposición para que se regule adecuadamente la industria sin aniquilarles. En Chile, por ejemplo, se llegó a un acuerdo adecuado para cubrir necesidades de los choferes y mantener la rentabilidad de las empresas. Pero en España, gobernada por la izquierda radical, sí se aprobó una ley extrema que terminó por expulsar a las empresas más importantes del sector, como Deliveroo, que cerró definitivamente sus puertas el año pasado como resultado de la llamada Ley Rider.
Lo peor de todo es que otras empresas también pagarán los platos rotos, porque si una pizzería usa a un repartidor freelance que trabajaba por propinas, también será sujeta de la nueva ley, debiendo absorber la seguridad social del repartidor. Se estima que los pequeños comercios que tienen repartidores independientes podrían perder hasta 30 por ciento de su ingreso.
FITCH
La ratificación de la calificación de la deuda de México en BBB- con perspectiva estable es un espaldarazo a Rogelio Ramírez de la O y a la obsesión de AMLO por mantener finanzas públicas estables y sanas.
POR CARLOS MOTA
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