El tema de la Reforma Política-Electoral es de gran importancia para nuestro sistema democrático; sin embargo, a menos de un año de iniciar el proceso de elección presidencial, resulta inoportuno e ineficaz el plantearse estas reformas. No obstante, el Presidente presentó su iniciativa en la que propone reducir el número de representantes en las Cámaras legislativas; sustituye el proceso de designación de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral; establece una fórmula diferente para la elección de los diputados federales y locales, reduce las prerrogativas a los partidos; y prácticamente deja en manos del partido mayoritario toda la justicia electoral.
Por eso, no es adecuado —en este momento de polarización nacional— estas reformas estructurales que cambian radicalmente nuestro sistema político. Desde luego, dadas las condiciones en el Poder Legislativo, seguramente no pasará ninguna reforma constitucional.
Estos temas deben analizarse a la luz del Derecho Constitucional, del Derecho Electoral y de la Ciencia Política, para que el Congreso de la Unión tenga los elementos para realizar un análisis serio, no obstante, no es tiempo para ello.
Por otra parte, la convocatoria a una marcha en defensa del INE probablemente no hubiera tenido un efecto de mayor impacto, sin embargo, el insulto innecesario del Presidente a quienes ejercen su derecho democrático, contradice al propio Presidente que recomienda a sus precandidatos “no utilizar lenguaje rudo y grosero, so pena de perder su oportunidad”, es decir, para adentro la recomendación es portarse bien y para afuera denostar —con diatribas incorrectas— a todos aquellos ciudadanos que consideran que el sistema democrático está garantizado por el trabajo del Instituto Nacional Electoral.
Por estas razones, la convocatoria a este evento del próximo domingo 13 de noviembre ha permeado de forma importante en la ciudadanía de diferentes orientaciones ideológicas y políticas; no se trata de la convocatoria sólo de un grupo conservador, sino el llamamiento a una sociedad que defenderá —con toda intensidad— su derecho a la pluralidad.
Es muy probable que el próximo domingo acudan miles de ciudadanos, un tanto desorganizados, pero convencidos de que su presencia apoya un sistema que —con todos sus defectos— ha permitido, una y otra vez, el cambio de mando político en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el ámbito federal, estatal, municipal y en la Ciudad de México, y que, de la solidez de estos poderes de elección popular, se ha logrado conformar el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos.
El actual sistema electoral ha logrado convencer a la sociedad mexicana de que el fraude en las elecciones ha sido desterrado; no así la utilización de recursos de origen incierto —y probablemente ilícito— en los comicios, tampoco gastos innecesarios y suntuosos, pero que, con todos sus defectos, mantiene el atributo de conservar la convicción nacional de que, al menos, el voto popular será respetado.
Por todo ello, marchar el domingo próximo no es un acto conservador y menos neoliberal, sino la defensa de principios que nos permitan asegurar un futuro de cambio democrático y de respeto al voto popular, que conlleva el derecho humano de votar y ser votado.
La marcha no es la representación de un grupo de interés, sino la apertura hacia un México que nos merecemos.
La pradera está encendida, el pasto está seco y la polarización absurda los puede conducir a escenarios inimaginables; recordar la historia de las terribles guerras fratricidas que hemos padecido, obliga a la reflexión colectiva. El tema de la Reforma Política-Electoral es de gran importancia para nuestro sistema democrático; sin embargo, a menos de un año de iniciar el proceso de elección presidencial, resulta inoportuno e ineficaz el plantearse estas reformas.
No obstante, el Presidente presentó su iniciativa en la que propone reducir el número de representantes en las Cámaras legislativas; sustituye el proceso de designación de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral; establece una fórmula diferente para la elección de los diputados federales y locales, reduce las prerrogativas a los partidos; y prácticamente deja en manos del partido mayoritario toda la justicia electoral. Por eso, no es adecuado —en este momento de polarización nacional— estas reformas estructurales que cambian radicalmente nuestro sistema político. Desde luego, dadas las condiciones en el Poder Legislativo, seguramente no pasará ninguna reforma constitucional.
Estos temas deben analizarse a la luz del Derecho Constitucional, del Derecho Electoral y de la Ciencia Política, para que el Congreso de la Unión tenga los elementos para realizar un análisis serio, no obstante, no es tiempo para ello.
Por otra parte, la convocatoria a una marcha en defensa del INE probablemente no hubiera tenido un efecto de mayor impacto, sin embargo, el insulto innecesario del Presidente a quienes ejercen su derecho democrático, contradice al propio Presidente que recomienda a sus precandidatos “no utilizar lenguaje rudo y grosero, so pena de perder su oportunidad”, es decir, para adentro la recomendación es portarse bien y para afuera denostar —con diatribas incorrectas— a todos aquellos ciudadanos que consideran que el sistema democrático está garantizado por el trabajo del Instituto Nacional Electoral.
Por estas razones, la convocatoria a este evento del próximo domingo 13 de noviembre ha permeado de forma importante en la ciudadanía de diferentes orientaciones ideológicas y políticas; no se trata de la convocatoria sólo de un grupo conservador, sino el llamamiento a una sociedad que defenderá —con toda intensidad— su derecho a la pluralidad.
Es muy probable que el próximo domingo acudan miles de ciudadanos, un tanto desorganizados, pero convencidos de que su presencia apoya un sistema que —con todos sus defectos— ha permitido, una y otra vez, el cambio de mando político en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el ámbito federal, estatal, municipal y en la Ciudad de México, y que, de la solidez de estos poderes de elección popular, se ha logrado conformar el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos.
El actual sistema electoral ha logrado convencer a la sociedad mexicana de que el fraude en las elecciones ha sido desterrado; no así la utilización de recursos de origen incierto —y probablemente ilícito— en los comicios, tampoco gastos innecesarios y suntuosos, pero que, con todos sus defectos, mantiene el atributo de conservar la convicción nacional de que, al menos, el voto popular será respetado.
Por todo ello, marchar el domingo próximo no es un acto conservador y menos neoliberal, sino la defensa de principios que nos permitan asegurar un futuro de cambio democrático y de respeto al voto popular, que conlleva el derecho humano de votar y ser votado.
La marcha no es la representación de un grupo de interés, sino la apertura hacia un México que nos merecemos.
La pradera está encendida, el pasto está seco y la polarización absurda los puede conducir a escenarios inimaginables; recordar la historia de las terribles guerras fratricidas que hemos padecido, obliga a la reflexión colectiva.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ