Refiere un viejo y conocido refrán que “Los grandes problemas requieren de grandes remedios para poder ser resueltos”; es decir, si en verdad se tiene voluntad de que las cosas cambien, se requiere llevar a cabo acciones de distinta manera, con un nuevo enfoque, para obtener resultados distintos.
Este enunciado es lo que podría describir la situación actual que vive Colombia. Durante años, al igual que muchas economías de la región latinoamericana, ha tenido niveles de crecimiento económico ínfimos que no ayudan al Estado de aquella nación a poder atender de manera eficiente las demandas que tiene la sociedad colombiana. La nación cafetalera tiene muchos rezagos sociales y económicos, pero también muchas posibles entradas de dinero. El problema es que no se recaudan de manera eficaz los recursos, y mucho menos se administran con miras a establecer a largo plazo políticas públicas de fondo y no de forma.
Al parecer esta inercia es entendida y bien diagnosticada por el actual presidente en funciones Gustavo Petro, quien, a días de haber tomado posesión de su nueva encomienda, presentó en su momento, ante el Congreso de su país, su primera iniciativa de reforma para tratar de revertir el problema de déficit fiscal urgente que tiene su nación. Esta medida se ha traducido en lo que muchos analistas e internacionalistas han catalogado como el más ambicioso esfuerzo de recaudación tributaria en la historia de aquel país.
De esta manera, el jueves 27 de octubre, la reforma fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso colombiano. Aunque el documento sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.
Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías grandes y medias de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13 por ciento del PIB, mientras el promedio es de 16 por ciento. Por ello, en campaña, Petro propuso una reforma que ayudará a recaudar 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto, se presentó una que buscaría recoger la mitad, un 1.8 por ciento del PIB. Finalmente se aprobó una iniciativa que —de 2023 en adelante— le dará 20 billones adicionales al Estado (cuatro mil millones de dólares), 1.2% del PIB de más, que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6 por ciento— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.
Las medidas aprobadas
Las empresas petroleras, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre un 35 y 60 por ciento, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan estos recursos, ya no serán deducidas de sus impuestos.
En el caso de los productores de carbón ocurrirá de igual forma, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre un 35 y 45 por ciento. Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta. Además, los impuestos a las empresas financieras, así como, los de las hidroeléctricas, aumentarán entre un 3% y un 5%, con lo que pagarán un total de entre 35 y 40 por ciento de su renta.
Impuestos a los más ricos. Quienes ganen más de 10 millones de pesos (dos mil mdd) tributarán más. Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10 al 15 por ciento. Y quienes tengan patrimonios de más de dos mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares), pagarán un equivalente de 0.5 por ciento; para los que poseen más de un millón y dos millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1 y 1.5 por ciento, respectivamente. El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15 y 20 por ciento. Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.
Impuestos a la comida chatarra. Aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con mucho contiendo de azúcar.
Las nuevas medidas de recaudación fiscal en Colombia son una guía para interpretar lo que serán las tendencias tributarias en los próximos años para muchos sectores de la productividad en el mundo entero. La idea de que los nacionalismos han quedado atrás parece que no era tan cierta como se creía, y hoy mas que nunca se aprecia que muchas naciones tratarán de proteger sus recursos naturales, a partir de un sentido estratégico y administrativamente responsable para los años que están por venir, los cuales, se vislumbran, tendrán mucha incertidumbre y volatilidad, lo que obligará a los inversionistas extranjeros a revisar con mayor detenimiento los paquetes de oportunidades y certeza jurídica de cualquier país que les ofrezca un sitio donde invertir.
Para Colombia y Latinoamérica el sentido de la redistribución del ingreso será un tema crucial en las agendas de gobierno durante los siguientes años, debido a la impresentable inequidad que se ha sostenido en sus respectivas sociedades a lo largo de todos estos años. Romper con estas inercias hará que Colombia y muchas otras naciones, incluidas México, se conviertan en mejores sitios para invertir, pero sobre todo, para vivir.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MBL