El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) está siendo un instrumento para victimizar al órgano autónomo y demonizar a los diputados federales porque “El INE no se toca”, como claman sus defensores acríticos. Sin embargo, al INE le reducen realmente 450 y no 4 mil 475 millones como se ha difundido de manera generalizada.
Aparentemente el presupuesto solicitado por el INE se redujo en 4 mil 475 millones, al pasar de 24,696 millones en números redondos a 20,221 millones, pero la reducción efectiva es mucho menor.
Veamos las cifras del presupuesto aprobado en San Lázaro y el planteado por el INE, incluyendo el financiamiento público para los partidos políticos.
Presupuesto propio del INE: $14,437,935,663.
Financiamiento a partidos: $ 6,233,510,798.
Presupuesto total solicitado: $20,671,446,461.
Presupuesto aprobado: $20,221 millones, es decir 450 millones menos en números redondos.
¿De dónde surgen los 4 mil 475 millones “recortados”? Surgen -dirían los abogados- del fondeo de hechos futuros de incierta realización: un presupuesto precautorio, por $4,025,422,288, para el caso de que se realizara una Consulta Popular durante el ejercicio 2023.
Es decir, en rigor, esa cantidad no forma parte del presupuesto propio del INE. Tan es así que en el boletín 358 del INE (22/08/2022), en el que se da cuenta de la aprobación del anteproyecto presupuestal, se establece la mencionada cantidad de 14.4 mil millones como total y se añade que “además, las consejeras y los consejeros electorales avalaron el presupuesto precautorio” mencionado.
Los consejeros del INE sabían de antemano que esa reserva que solicitaban y que devolverían si no había Consulta Popular, seguramente le sería restada del presupuesto e incluso podría leerse que la inclusión obedecía a la intención de sembrar un elemento de victimización. No hubo tal intención, sin embargo, porque el INE estaba prácticamente obligado a solicitar el monto precautorio, debido a un criterio de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que el Instituto debía presupuestar las consultas populares, aunque no fuera segura su realización.
De acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la reducción de 450 millones obedece a que El INE continúa sin disminuir voluntariamente sus propuestas presupuestales en comparación con otros Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs), lo que “atenta con los criterios constitucionales de administración de recursos federales”, en particular los de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas.
En contraste, otros organismos autónomos sí se han ajustado a esos criterios y el Dictamen cita ejemplos de reducciones entre 2018 y 2022: Cofece, 15.6%; CNDH, 28.3%; FGR, 6.3%; IFT, 33.9; INAI, 24.2 y Coneval, 6.3.
Concluyo con una pregunta inquietante: más allá de reducciones, ¿se justifica un presupuesto operativo de casi 14 mil millones de pesos (después de la disminución) para un órgano electoral nacional en un año en que no hay elección federal y solo dos estatales?
PLUS ONLINE: La abundancia propicia excesos y dispendios
En la actualidad y desde hace lustros, el INE nada en la abundancia presupuestal y en esas circunstancias es fácil incurrir en dispendios y excesos.
Tres ejemplos:
1) En forma sucinta, lo que yo he llamado Operación Acoxpa es la historia de un peculiar comprador (el INE) que pretende adquirir un inmueble y pide que lo justiprecien, pero el avalúo no le satisface porque ¡le parece bajo! y entonces hace lo necesario para que el precio aumente, en obvio beneficio para el vendedor. Finalmente lo compra a casi el doble del cálculo original y paga 225 millones de pesos por un inmueble que originalmente fue valuado en 118 millones por el Indaabin.
2) Durante 28 meses -de enero de 2016 a mayo de 2018-, el INE le pagó sin chistar más de 2 millones de pesos mensuales al liquidador del Partido Humanista (Reforma, 12/07/18), un total de 60.4 millones, que superó la deuda de ese otrora partido: 37 millones.
3) En 2019, el entonces consejero Benito Nacif enumeró una serie de gastos que podía cancelar el INE y ahorrar 128 millones de pesos. La principal erogación era adquirir plantas eléctricas para las juntas locales y distritales. Esas plantas sólo se usarían ¡cada tres años! cuando hubiera elecciones federales y sólo en casos de emergencia. Hasta donde se sabe, el señalamiento de Nacif fue escuchado.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM / omniacolumna@gmail.com
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