En el mes de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el poder legislativo la iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral; la discusión alrededor de la propuesta presidencial se ha polarizado, como muchos otros asuntos de la agenda nacional. Con argumentos histéricos, sectores afines al viejo régimen, sostienen que “el INE no se toca”, porque se trata de una institución que debe mantenerse inmaculada e inalterada. La narrativa central conservadora sostiene que revisar el funcionamiento del órgano electoral implica desmantelar el andamiaje democrático y dar paso al autoritarismo de la cuarta transformación. Lo cierto es que en ninguna de sus partes la iniciativa presidencial propone eliminar al INE, en cambió si plantea una profunda transformaci??n del sistema electoral mexicano.
El reformismo fue la ruta que hoy explica el sistema electoral de nuestro país, cada reforma se propuso adaptarse a las reglas de los intereses políticos que prevalecieron en diferentes épocas. Desde la promulgación de la Ley Federal Electoral en 1946, en plena era del autoritarismo hegemónico del PRI y hasta 1994, la legislación electoral se centró en preservar el papel de los gobiernos en turno como juez y parte en la organización de los procesos electorales. Las elecciones se convirtieron en un ejercicio de simulación, un festival de trampas, de fraudes y cartas marcadas. La Reforma de 1996 propuso la figura de los consejeros electorales en un intento por ciudadanizar la función electoral; en 1997 el pluralismo partidista irrumpió de plano en el escenario político nacional. El PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la cámara de diputados, y más tarde se manifestó plenamente en el 2000, año de la alternación política que puso fin a 70 años de dominio priista en la Presidencia de la República.
El declive de la era presidencialista propició la instalación de una partidocracia; las cúpulas del PRI, el PAN y del PRD, subordinaron a sus intereses, decisiones trascendentales en todos los ámbitos de la vida institucional. La función electoral se trastocó y se pervirtió; la conformación del Consejo General del INE y de muchos otros órganos del Estado mexicano se determinó a partir del reparto proporcional de cuotas partidistas, la ciudadanización se convirtió en farsa y simulación. El INE se convirtió en un actor más de escenario político, ha sido omiso frente al fraude, las campañas negras y la compra del voto; hoy no es un árbitro imparcial ni autónomo.
La partidocracia asumió que, si la confianza es un bien escaso, entonces se tendría que pagar a un precio muy alto. Se diseñó un andamiaje electoral oneroso, el INE es uno de los aparatos de organización, vigilancia y fiscalización mas costosos del mundo, la burocracia del Instituto se ha negado reiteradamente a modificar sus presupuestos bajo el criterio de la austeridad.
Sin embargo, aún frente a la retórica conservadora, la iniciativa de reforma electoral del Presidente de la República cuenta con un amplio respaldo de la población, incluso los estudios de opinión del propio INE lo reconocen. La mayoría de los ciudadanos aprueba que el INE se transforme en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC; que desaparezcan los institutos y tribunales electorales locales, que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos y al INE; que disminuya el número de senadores y diputados. Además, la mayoría ciudadana apoya que los consejeros y magistrados electorales sean electos por voto directo, la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país y el fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa. Es necesario discutir el modelo que fortalezca nuestro sistema electoral, construir procesos electorales eficientes y transparentes; demostrar que con menos recursos es posible construir más y mejor representatividad.
POR RACIEL PÉREZ CRUZ
COLABORADOR
MBL