Sorpresivamente, la CNDH, emitió una recomendación general dirigida al Congreso de la Unión para que se transforme al INE, una formulación que sostiene que así como está quebranta “(…)el derecho humano de la población a la democracia”.
Si una institución tuvo que ser defendida fue precisamente la CNDH, primero, en contra de su creación y, después, en contra de sus potestades. Enfrentó la oposición abierta de círculos gubernativos; la judicatura; un sector de la academia; la abogacía más ortodoxa y, especialmente, del funcionariado la procuración de la justicia y de las corporaciones policiacas.
Uno de los infundios con los que se desacreditaba a la CNDH, fue acusarla de ser “defensora de delincuentes” por tener que intervenir en favor de personas acusadas y/o detenidas y privadas de su libertad en los separos policiacos en donde además eran torturados para arrancarles la confesión de culpabilidad.
En 1999, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, sintetizó un libro polémico aunque muy aplaudido: “El Estado contra sí mismo . Las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos y la deslegitimación de lo Estatal”. Un ensayo enardecido en contra de la naturaleza jurídica de la CNDH y sus similares locales de cara a inminente reforma al artículo 102 de la Carta Superior para transformar a la CNDH creada en 1992, en un órgano constitucional autónomo; dejando así el formato de organismo descentralizado de la administración pública federal que encabeza el Presidente de la República.
Justo ese año publiqué: “La CNDH, una institución a medio camino”, un análisis favorable en el que examiné las singularidades del modelo mexicano y algunas propuestas para reforzar aún más su neutralidad técnica, fuente de su legitimidad como dique efectivo a los abusos o excesos de los poderes públicos. La independencia del ombudsman reclama distancia indiscutible de las autoridades a las que corrige en favor de los ciudadanos afectados por sus atropellos.
Con todo respeto a la memoria del señor Ministro, la suya era una concepción incompatible con la teoría de los controles externos, urgentes en democracia, toda vez que los controles internos (autocontroles) estaban y no han dejado de ser señalados de frecuente ineficacia.
En realidad, su postura era coincidente con la que desde la judicatura descansaba en la suposición que -el Ombudsmán- vendría a disputar el monopolio del Juicio de Amparo como único y máximo remedio para erradicar las violaciones a los derechos fundamentales.
El Ombudsman, cuando cumple integralmente su deber, es una vía alternativa y complementaria que además de diligencia con las quejas específicas con agilidad le permite intervención de oficio y emisión de medidas cautelares (más poderosas jurídicamente, que las recomendaciones no vinculantes) y, hasta la mediación para la reparación del daño -de ser posible- en favor de las víctimas.
En la década de los años noventa era la tortura la que deslegitimaba a la autoridad en aras de justicia, ahora la inseguridad violenta que, por desgracia en visible maridaje del crimen organizado con la autoridad, comete masacres y flagela el derecho de la población a vivir en democracia. No solo en la vía periódica de la representación política resultante de los procesos electorales; sino durante el constante y permanente ejercicio de las funciones públicas que por omisión o por complicidad, desabasto médico, desatención y abandono violan los derechos concretos y personalizados de millones de mexicanos.
Por: Francisco Javier Acuña
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