En México, las mujeres gozamos de los mismos derechos que los hombres, por lo menos eso establece nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución Federal que establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”.
Por su parte, a partir de agosto de 2021, los Talibanes tomaron el poder en Afganistán y desde ese momento prometieron respetar los derechos de las mujeres dentro de los límites de la ley islámica conocida como “Ley Sharía”, la cual está basada en el Corán y que, como cualquier ley, se presta a un sinnúmero de interpretaciones.
La realidad es que la Ley Sharía establece un camino para la vida “moral” sin contener como tales prohibiciones expresas para las mujeres.
Sin embargo, en dicho país ha habido un retroceso significativo a partir del regreso del régimen Talibán, quien ha interpretado de manera restrictiva la citada ley, limitando o haciendo nulos los derechos de las mujeres, pues a manera de ejemplo, tienen prohibido trabajar, salir de sus casas sin la compañía de un hombre denominado “mahram” el cual tiene un parentesco cercano con la mujer, ya sea el padre, hermano o esposo.
Las mujeres tampoco pueden celebrar relaciones comerciales con un hombre, la atención médica se encuentra limitada, ya que solo pueden ser revisadas por una mujer y, dada la limitación profesional, son muy pocas las mujeres médicas que ejercen en el país, lo cual ha ocasionado un agravamiento en sus enfermedades e, incluso, la muerte.
Con relación a la educación, ésta volvió a limitarse, las niñas solo pueden cursar la primaria, teniendo acceso a aprender únicamente lo relacionado con cuestiones del hogar y de la crianza de los hijos.
Si bien, siempre han estado obligadas a usar el burka (velo que les cubre la totalidad del cuerpo), ahora han implementado que ésta no podrá ser de colores llamativos o brillantes por considerarse “sexualmente atractivos”, debiendo cubrir incluso los tobillos, pues de lo contrario son sometidas a azotes en público.
Se han filtrado algunos casos en los que se le amputan los dedos a las mujeres que elijan traer las uñas pintadas, ya que están prohibidos toda clase de cosméticos.
La voz de la mujer no debe ser oída por un hombre extraño, por lo que se encuentra prohibido reír en público, los zapatos de tacón, los deportes, andar en motocicletas o bicicletas también está prohibido, entre otras cosas.
Como puede verse, la mujer afgana se encuentra sumamente limitada en todo tipo de derechos, por lo que, si hiciéramos una comparación entre la mujer afgana y las mujeres occidentales, específicamente las mexicanas, podríamos decir que somos “privilegiadas” al contar con diversos derechos, como lo son el derecho al trabajo, a la educación, el libre albedrío, el derecho a la participación política, la libertad sexual, entre muchos más.
Sin embargo, en nuestro país, donde pareciera que las mujeres somos libres y contamos con un sinnúmero de derechos, tenemos al peor enemigo; el feminicidio.
En México, en 2021, cerramos con 1,004 feminicidios, mientras que en Afganistán no superan la cifra de 500 mujeres asesinadas por cuestiones de género. Nuestro país está dentro de los 5 países más peligrosos para las mujeres.
El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género, nos hace vivir en zozobra e incertidumbre constante lo cual rompe con el núcleo de la vida en sociedad y familiar.
Reconocemos que existen acciones realizadas por distintas autoridades de nuestro país para erradicar la violencia en contra de las mujeres, la cual se genera en un contexto de impunidad, por ejemplo, el Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y reparar el Feminicidio propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca la creación de un nuevo marco normativo que permita establecer a nivel nacional el tipo penal de feminicidio y delitos vinculados a éste, creando lineamientos de coordinación entre las autoridades para lograr una efectiva prevención, investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos, estableciendo medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas.
Sin embargo, aún existe mucho por hacer para combatir esta grave situación, es necesario que todos nos unamos para erradicarlo. Ni una menos, ni una más.
POR ROMINA RAYES EL KANTAR
ABOGADA PENALISTA Y FEMINISTA
MAAZ