La responsabilidad primaria y esencial del Estado es garantizar la seguridad pública a la ciudadanía. Sin esto, es imposible
que se den las condiciones para un entorno de confianza, ordenado y estable que conlleve un desarrollo económico, político
y social para sus habitantes.
En la actualidad, la seguridad debe entenderse también en el ámbito del ciberespacio, ya que las relaciones humanas,
económicas, comerciales e internacionales dependen cada vez más en la tecnología. Por esta transición digital, los
gobiernos alrededor del mundo han ido evolucionando sus estrategias, leyes y regulaciones en materia de ciberseguridad
para hacer frente a los nuevos retos y a las grandes oportunidades que presenta la misma.
Entre los desafíos encotramos que según el informe “Global Cybersecurity Outlook” del Foro Económico Mundial, los
ciberataques incrementaron un 125% en 2021, con la evidencia de que será una tendencia al alta durante 2022. Países
como Australia, Reino Unido, Israel y Japón clasifican a las fallas de ciberseguridad dentro de sus preocupaciones
prioritarias.
Ante este panorama creciente de ciberamenazas, se debe construir un abordaje estratégico para lidiar con ellas de forma
efectiva y colaborativa. Muestra de ello es como actualmente, los socios comerciales alrededor del mundo han incorporado
este concepto en sus tratados para no comprometer sus intercambios económicos internacionales. Tal es el caso de
nuestro país con sus aliados comerciales de América del Norte, incluyendo en el TMEC un apartado de ciberseguridad
dentro de su capítulo sobre comercio digital.
Desafortunadamente, en nuestro país tenemos un caso reciente que ha vulnerado la seguridad nacional con el ciberataque
contra el ejército mexicano. Si bien no es el primer caso exitoso que se ha perpetrado contra dependencias y
organizaciones mexicanas, debido a la cantidad y tipo de información obtenida, ha desatado un debate nacional las
acciones que el gobierno tendría que tomar al respecto.
Sin embargo, la pregunta no solamente es qué va a hacer el gobierno; sino, qué vamos a hacer en conjunto. Lo acontecido
la semana pasada deja aprendizajes no solo para el gobierno, sino también para el sector privado y sociedad civil, ya que la
ciberseguridad es una responsabilidad compartida y requiere de la colaboración de todos los actores. Para hacer frente
ante estos grupos cada vez mejor organizados, se debe construir una estrategia de ciberseguridad robusta y holística que
integre a todos los sectores de la sociedad.
En este sentido, no debemos quedarnos atrás en la organización para generar un frente común en donde se construya y
fortalezca un marco regulatorio sólido e innovador y en donde la cooperación a nivel nacional e internacional sea la clave
del juego. México y América Latina tienen la oportunidad de tomar las mejores prácticas a nivel global para una correcta
planeación, implementación y ejecución de una estrategia de ciberseguridad integral y de una colaboración público-privada
y de intercambio de información, generando una defensa colectiva por el bienestar, integridad y futuro de nuestras
comunidades.
Con este propósito en mente, el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC), de la mano de Metabase Q,
trabaja para fortalecer la regulación e incidir en la agenda pública de la ciberseguridad, articulando y vinculando al sector
privado, academia y organizaciones de la sociedad civil con el sector público. El camino aún es largo, pero bajo un marco de
cooperación, aprovechando y apoyando el talento en nuestra región, podremos contar con una defensa colectiva que se
anticipe a las amenazas y nos proteja antes de que los incidentes de ciberseguridad toquen a la puerta de nuestras
instituciones, organizaciones, negocios y casas.
POR: XIMENA MÉNDEZ
@MetabaseQ
www.metabaseq.com / contact@metabaseq.com
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