Los fenómenos meteorológicos extremos como la sequía o los ciclones tropicales nos muestran lo vulnerables que somos ante la falta o abundancia del agua.
La sequía que vivimos en el norte del país y que provocó escasez de agua superficial en la zona metropolitana de Monterrey hizo que el Gobierno de México volteara hacia esa zona del país, para resolver el problema en conjunto con autoridades estatales.
Sin embargo, durante mucho tiempo nuestros pueblos originarios, grupos étnicos y comunidades rurales han sufrido históricamente todo tipo de inclemencias naturales, incluida la falta de agua, sin que los gobiernos anteriores atendieran sus necesidades y demanda de servicios.
Ahora, grupos indígenas de Sonora, entre otros, serán beneficiados con planes de justicia que además del tema de agua potable contemplan aspectos de educación, desarrollo económico y social. Se trata de pueblos que han aportado recursos importantes al desarrollo nacional y que sin embargo fueron etiquetados como obstáculo para la modernización del país.
Ejemplo de cómo han sido lastimados son las agresiones del régimen porfirista contra las comunidades totonacas de Veracruz, la represión contra los rarámuris de Tomóchic y Temósachic en Chihuahua (en 1891 y 1892, para ser despojados de sus tierras) o las campañas de exterminio contra los mayas de la península de Yucatán y grupos originarios de Sonora.
En décadas recientes, las comunidades indígenas han carecido de abasto regular de agua para consumo humano, sin que ello haya provocado la atención de medios o movilizaciones que los pongan en el centro del debate nacional.
Ahora, el gobierno federal está generando las condiciones para que accedan a servicios de agua potable. Ejemplo de ello es el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, donde el agua juega un papel central en una problemática cuya solución fue largamente aplazada.
También se trabaja en planes para los pueblos guarijíos, mayos y seris, así como para revertir injusticias para Cananea y para quienes viven en los municipios de la sierra limítrofe con Chihuahua.
En cada caso, uno de los ejes centrales es el abasto o mejora de sistemas de distribución y aprovechamiento del agua. Esa labor se realiza en acuerdo con sus autoridades tradicionales, a quienes se consulta y con quienes se han integrado programas de trabajo que respetan su cosmovisión y necesidades.
Hoy, el gobierno federal se ha involucrado como no había ocurrido antes para que los pueblos originarios tengan agua para sus actividades agrícolas y productivas, así como para consumo humano, destinando importantes montos de inversión para obras que deben concluirse en 2023.
Esta labor se realiza transparentando las inversiones y evitando prácticas de corrupción del pasado. Se hace porque es un tema de principios y un acto de justicia para nuestros pueblos indígenas, que merecen dejar de ser considerados al final de las prioridades.
GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
@GERMANMSANTOYO
MBL