La semana pasada, el Gobierno de México estuvo bajo el ataque mediático de los medios opositores, debido a la interferencia ilícita en los sistemas de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Derivado del ataque cibernético, se dio a conocer que la salud de nuestro presidente es inmejorable y suficiente para seguir impulsando el desarrollo de nuestra nación.
No obstante, como parte de las consecuencias marginales de esas acciones de propaganda del crimen, se abrió un debate muy intenso sobre la posibilidad de legislar en el ámbito de la Seguridad de la Información Digital en la presente legislatura.
En marzo de 2022, las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados, anunciaron su trabajo en conferencia para impulsar un instrumento legislativo consensuado entre ambas comisiones. Este tipo de trabajo se lleva a cabo cuando se trata de impulsar iniciativas prioritarias para la nación. Sin embargo, no exime los espacios de consulta ciudadana, los foros y la recuperación de las opiniones y puntos de vista de todos los interesados, que también se ha hecho en estos años de gobierno.
Otro de los ámbitos en donde han crecido las conductas antisociales, es en los ataques personales, como el acoso cibernético, la creación de rumores y la fabricación de mentiras, que, al no estar penalizado, pueden compartirse libremente y provocar problemas personales, profesionales y algunas veces hasta familiares de difícil reparación del daño.
El trabajo legislativo también incluye aspectos de ciberdefensa, o las medidas de defensa de la seguridad de la información digital que protejan nuestros activos federales, las infraestructuras críticas, y permita a la armada prevenir o mitigar los ataques y las interferencias ilícitas; como lo que ocurrió con los sistemas de la Marina y ha ocurrido en Pemex y otras instituciones federales.
La Estrategia Digital Nacional 2021-2024 de Presidencia de la República, se basa en cuatro principios fundamentales: Austeridad, Combate a la Corrupción, Eficiencia de los procesos digitales, Seguridad de la Información, y Principio de Soberanía Tecnológica.
Cualquier ley de Seguridad de la Información Digital alineada con el proyecto de transformación de nuestro gobierno deberá ser congruente con estos principios. La austeridad implica poner freno a la tercerización de los servicios de TICs federales, de manera que se combate la corrupción al no dejar a la merced de empresas privadas la seguridad nacional de la información, ni la eficiencia de los procesos gubernamentales digitales. Pero esto sólo se podrá lograr con la investigación y desarrollo de tecnología, que es el principio de la soberanía tecnológica.
La legislación tradicional en ciberseguridad ofrece un momento donde las grandes empresas venden modelos de negocios para protección de datos, información e infraestructuras críticas en contratos millonarios a las economías en desarrollo. Pero ¿por qué dejar la ciberdefensa y ciberseguridad en manos de contratistas extranjeros?
La ciberseguridad no es un acto político de un grupo de delincuentes para hablar sobre la salud del Presidente. Es un trabajo legislativo constante en el que trabajamos senadores y diputados durante todos los periodos ordinarios.
Desde mi perspectiva resulta de lo más complejo, pues abarca diversos aspectos de la vida pública de México, incluye las voces de distintos grupos de interés, disímiles entre ellos, tanto en el sector social al que pertenecen, como en su persona jurídica. Pero al igual que nuestro Presidente, tengo absoluta claridad de que la prioridad, antes que una ley sobre ciberseguridad, es llevar internet a todo el país, al rincón más lejano. Así que sí, debemos de legislar en un ámbito prioritario tecnológico: en el que nos permita terminar de una vez por todas con la brecha digital.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@NARROJOSE
PAL