Sabemos que la Ley General de Transparencia es referencia mundial; México es reconocido internacionalmente por el desarrollo de su legislación en materia de rendición de cuentas, por el trabajo que han hecho instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y por herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin embargo, los contextos cambian –el mundo y el país se han transformado significativamente en los últimos 20 años– y el trabajo cotidiano demuestra que hay prácticas opacas por parte de sujetos obligados que la Ley no está considerando y/o logrando evitar.
Hace unos días, vía Twitter, publiqué una pregunta con la intención de detonar una reflexión y recopilar distintas perspectivas respecto a dos temas que me ocupan como Comisionada del INAI: el derecho de acceso a la información pública y la transparencia; dos ejes democráticos fundamentales que debemos proteger y garantizar.
Mi cuestionamiento fue: “¿hace falta una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Se avanzó en medidas de apremio, pero no es suficiente. ¿Qué opinan?” Recibí múltiples respuestas ciudadanas sumamente interesantes; todas sirven para pensar a fondo la realidad normativa con la que contamos actualmente para determinar con precisión qué podemos mejorar de ella. La intención no es centrar nuestra atención en lo negativo, por el contrario, se busca observar qué podemos actualizar de la Ley en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Por ejemplo, como lo he expuesto en diversos espacios, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha transgredido más de una vez la Ley de Transparencia. Ha Empleado indiscriminadamente la figura de “seguridad nacional”, para limitar el acceso a la información y contrapone las decisiones del INAI, las cuales son vinculatorias, definitivas e inatacables. Este es un caso de cómo los sujetos obligados deben comprometerse con mayor intensidad con una cultura de la transparencia; no se trata solo de cargar trimestralmente información a la PNT, se deben responder solicitudes en tiempo y forma, sin esconder o retrasar información.
¿Necesitamos mayores sanciones (medidas de apremio) para los sujetos obligados que no cumplan sus responsabilidades de transparencia? ¿Son viables figuras de control como verificaciones in situ para determinar si se oculta documentación? ¿Cómo podemos mejorar jurídicamente las funciones de los Órganos Internos de Control (OIC) de los sujetos obligados?
Y es que desde que entraron en vigor las medidas de apremio previstas por la ley, el Instituto ha impuesto 298, de las cuales 215 corresponden a multas y 83 a amonestaciones públicas. Por ello, podría considerarse evaluar la reforma a estos dispositivos, eliminando la calificación de la gravedad de la conducta en cuanto a la imposición de medidas de apremio, que sea un procedimiento más ágil; y que el apercibimiento se consideré una medida de apremio y la amonestación pública una sanción.
Que algunos sujetos obligados se resistan a cumplir las resoluciones del INAI nos habla de la necesidad de mejorar los mecanismos de cumplimiento a favor de la sociedad. Sin duda, lo hecho hasta ahora es reconocible, pero si queremos seguir mejorando necesitamos evaluar posibles cambios y eso incluye las leyes de transparencia siempre contemplando la experiencia vivida.
Desde mi posición como Comisionada he buscado tejer puentes de diálogo con el sector social, con periodistas, con el empresariado, con el poder judicial, diputados y senadores; ir al territorio a escuchar sus preocupaciones. A todas y todos nos conviene un país que fortalezca la rendición de cuentas, donde la ciudadanía pueda saber por qué, cómo y en qué el Estado gasta los recursos, así como conocer los actos y justificaciones de cualquier autoridad.
Por ello, junto con mis colegas del INAI, habremos de seguir trabajando e impulsando la urgente reforma de la Ley General de Transparencia, porque aparte de lo platicado hoy, existen otras disposiciones que deben ir ya a una reforma, y algunas incluso hasta su derogación.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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