En un régimen que se transforma es normal que existan iniciativas de reformas político-electorales y en cualquier democracia es también normal que haya resistencias a que cambien las reglas del juego. La derecha del país miente cuando se apropia del discurso de defensa del INE, como si su creación (1990) hubiese sido una iniciativa espontánea del poder en turno y no, en realidad, un pacto entre el PRI y el PAN para despresurizar y dar cause a un cambio social que ya no podían detener.
¿Y esto por qué es un asunto de todes? En los próximos días se discutirá la reforma electoral enviada por Andrés Manuel López Obrador al Legislativo que plantea un recorte al gasto en las elecciones por más de 20 mil millones de pesos, la reducción de consejeros, reducción de financiamiento a partidos políticos y un conjunto de cambios tendientes a fortalecer el modelo de participación ciudadana mediante consultas bajando el umbral para la vinculación constitucional en la revocación de mandato.
Quizá el “argumento” más traído y llevado en estos días es el de la ciudadanización que según los detractores de la propuesta del Presidente, está en riesgo. En principio vale la pena no olvidar que el INE no nació como hoy existe, en realidad nació con capacidades muy acotadas desde la reforma del 89 y no fue sino hasta 1993 que por presiones de la oposición se introdujo la figura de “observadores electorales” y no estaba planteada para la representación de los partidos como la conocemos actualmente, sino para ciudadanos que participarían a título personal.
La ciudadanización de la que habla la derecha tiene su origen en 1994, uno de los años más convulsos de la historia política de nuestro país, fue la presión social de aquellos días la que consiguió sacar al poder ejecutivo del Consejo General y no una concesión del régimen priista. La ciudadanización reconocida así por sus promotores implicaba que quien estuviera frente a una responsabilidad no formara parte de los intereses del partido, que no formara parte ni dependiera de ninguna forma de un partido político.
El hoy INE avaló el nombramiento de un militante en activo del PAN como consejero electoral en el Edomex, así sin más. Este hecho no es aislado, por el contrario, sólo materializa lo que desde hace mucho se rumora, que los órganos electorales, administrativos y los jurisdiccionales, son espacios de cuotas y cuates. Hoy el presidente plantea que caigan las máscaras y que en todo caso la gente elija a los consejeros y magistrados, cosa que enfurece a la derecha porque en realidad prefieren imponerlos ellos, así sin más, dándoles una barnizada de “ciudadanización”. Si la derecha no acepta la propuesta de AMLO, que presente una más adecuada a los tiempos que vivimos, pero que no se escuden en la defensa al INE, ni en la ciudadanía, ni en la imparcialidad. Hace falta una oposición seria en México.
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