Manuel Espino informó públicamente que dos cárteles estaban abiertos a un pacto “de buena fe” con AMLO. La revelación indicaba que había en curso un proceso de consulta con “los cárteles” para saber cuáles se sumaban al “proceso de paz”. En un primer momento no hubo una respuesta del Presidente, como si se estuviera esperando para calcular las respuestas posibles al insólito planteamiento de Espino, un activo de Morena actualmente carente de un empleo identificable.
Después de la confesión pública de Espino, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que había conversado hace siete u ocho meses con él sobre el supuesto “plan para pacificar al país”. En esa época Espino se desempeñaba como Comisionado del Servicio de Protección Federal, cargo que abandonó 15 días después de su conversación con el secretario de Gobernación.
Existe la impresión de que a Espino se le dio autorización para que tuviera la libertad de sondear “a los cárteles sobre una propuesta de paz” sin que se tomara como una propuesta oficial. De ahí su renuncia al cargo dentro de la administración pública federal.
El proceso de consulta habría arrojado, según el propio Espino, que dos cárteles estarían en disposición a abrir un diálogo formal con el gobierno federal. No se identificó cuáles dos cárteles habrían dado su anuencia a semejante diálogo, ni se explicó el formato o temario de los diálogos. Pero es evidente que Espino habría hablado con muchos otros de los actores que ocupan el mundo criminal en México, de los cuales solo dos habrían expresado su anuencia al diálogo de “buena fe” propuesto.
Ocho meses son una eternidad para que se pueda hablar con múltiples organizaciones y personajes. El tiempo lo estableció el propio secretario de Gobernación en sus declaraciones, cuando reconoció haber conversado el asunto con Espino y por su actitud evasiva al no querer responder la pregunta de si le había dado luz verde a Espino para emprender su periplo. Se debe entender que la Secretaría de Gobernación dio su anuencia a la “exploración”.
Entre el tiempo en que Espino recibió el encargo de una exploración no-oficial y que renunció a su cargo como Comisionado 15 días después de hablar con Adán Augusto López, y hasta el día de hoy han transcurrido ocho meses, aproximadamente. En ese tiempo han habido cambios importantes en el escenario político nacional. Las cosas han madurado, pero en contra de un proyecto de paz con los cárteles, si es que realmente existió tal plan.
En primer lugar, la relación con Estados Unidos está experimentando un deterioro acelerado y peligroso. En este ambiente, donde México aparentemente se prepara para un rompimiento económico con nuestros socios del T-MEC por el proyecto energético de la 4T, el costo en estabilidad financiera puede ser extremadamente alto. Es previsible que a partir del 9 de noviembre las tensiones entre los tres países puedan crecer notablemente, dentro de la negociación del T-MEC. Y las presiones políticas crecerán de acuerdo a los requerimientos conforme al desarrollo del ambiente de tensión trilateral. Cualquier tipo de noticia o revelación con fotografías o grabaciones podrá aparecer en los medios de comunicación de estos países.
Por otro lado, las revelaciones del hackeo de Guacamaya no solo van a seguir, sino que conforme avanza el tiempo, el desprestigio de las Fuerzas Armadas de México y del gobierno de López Obrador va a crecer implacablemente. Existe la versión de que viene lo más escandaloso dentro de poco tiempo. Por lo pronto, desde que Espino y López hablaron en Gobernación, ya se reveló la complicidad del secretario de Gobernación con el Cártel Jalisco Nueva Generación cuando era gobernador de Tabasco. Y lo afirma y confirma el Ejército mexicano, no “un periodista opositor”. Y es una complicidad que persiste hasta el día de hoy.
Por ejemplo, el nuevo Comisionado para la investigación de Ayotzinapa era un operador de López en aquellas épocas, también vinculado al CJNG. Los mismos operadores, todos con vínculos con el crimen organizado en sus estados. Y todos vinculados a AMLO.
El mismísimo Manuel Espino trae a cuestas graves acusaciones de vínculos con el narcotráfico desde que trabajaba con Vicente Fox. Era el coordinador de giras del Presidente Fox cuando se descubrió que su amigo y paisano Nahum Acosta Lugo filtraba la información sobre las giras presidenciales al narcotráfico. De hecho, las acusaciones sobre los vínculos con el narcotráfico llegaban incluso hasta el secretario particular del Presidente, Alfonso Durazo, hoy gobernador morenista de Sonora. Tras la detención de Nahum Acosta, Espino negó cualquier vínculo con el narcotráfico y declaró que fue Alfonso Durazo quien insistió en contratar al acusado.
Hoy Espino y Durazo colaboran con AMLO y Morena, en una gran familia con complicidades ocultas.
En el actual contexto de previsibles crisis políticas en el corto y mediano plazo, surge la interrogante inevitable: ¿por qué Espino plantea ahora y públicamente su propuesta de negociación del gobierno federal con el narcotráfico? En principio la propuesta, en sí misma, es escandalosa. ¿Por qué, entonces, le dan tanto juego en Presidencia?
Una razón es que le ofrece al Presidente López Obrador una magnífica oportunidad para decir que él no negocia con el narcotráfico. Según AMLO, “abrazos y balazos” no significa negociar con los elementos criminales. Así lo dijo: “hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad, tanto la organizada como la de cuello blanco…”. Agregó: “está bien pintada la frontera, porque una cosa es la autoridad y otra la delincuencia. Cuando no hay frontera, como sucedía antes, es caos”.
¿Está claro? La declaración presidencial es una respuesta elíptica que podría significar cualquier cosa, porque la realidad está en los Guacamaya Papers. Ahí se observa claramente que el Ejército tiene la instrucción presidencial de dejar actuar a la delincuencia organizada sin freno.
La supuesta propuesta de Espino es similar a la del jugador que coloca la pelota a otro para que meta el gol. Le permitió al Presidente decir que no negociará con el narcotráfico.
Entonces surge una siguiente pregunta: ¿qué necesidad tiene el Presidente de aclarar el tema? ¿Está anticipando datos o informaciones públicas que acusarían un involucramiento suyo en una negociación con los cárteles? ¿Está preocupado por las repercusiones que podrían tener un eventual rompimiento suyo con Washington?
Solo el tiempo nos dirá. Por lo pronto, Espino sigue siendo, como siempre, el correo entre dos poderes: el Estado y el narcotráfico. Hasta que, por conveniencia, deciden deshacerse de él.
POR RICARDO PASCOE
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MAAZ