La extracción ilegal de miles de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el ciberataque más importante en contra de la infraestructura estratégica del Estado mexicano. El último ataque crítico que recuerdo fue cometido por una red de cibercriminales norcoreanos llamados Lazarus, en contra del sistema de transferencia internacional de Bancomext.
Ahora un grupo internacional hacktivista denominado Guacamaya aprovechó una brecha de seguridad de la red de la Sedena que les permitió extraer estos documentos y compartirlos a dos medios de comunicación con abierto interés y experiencia profesional en revelar este tipo de filtraciones.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no se investigará a los responsables de esta extracción, es una obligación de las áreas de contrainteligencia en la Sedena averiguar las razones de esta situación. También la Sedena puede solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, solicitar colaboración internacional para encontrar a los responsables de esta operación que puede ser catalogada perfectamente como un delito.
El portal Aristegui Noticias ha señalado que tienen posesión también de estos documentos y que el grupo Guacamaya ha decidido restringir el acceso porque “hay información allí, que en manos de narcos podría poner en riesgo a gente”, dijeron en comunicación directa a los periodistas de ese medio.
Es importante decir que esa información, ya filtrada y confirmada como verdadera por parte del gobierno de la República, puede también ser extraída por redes criminales y por intereses extranjeros para atentar en contra de los intereses del Estado.
Ahora el gobierno se encuentra en una de las disyuntivas más importantes en democracia y es la colisión del derecho a la libre expresión de información y los principios de resguardo de la misma por seguridad nacional. Me parece muy acertada la posición de Aristegui Noticias de que se dará a conocer la “información que sea de interés público, sin comprometer la seguridad de elementos de las fuerzas armadas”. Estoy seguro que los equipos jurídicos tanto de los periodistas como de las instituciones estarán muy atentos de la información que se revele.
Vendrán semanas complicadas en Sedena para explicar el contenido de sus comunicaciones y documentos. Negar el contenido no podrá ser posible. Una segunda alternativa puede ser no posicionarse sobre ciertos temas, lo cual será cuestionado per se. Otra opción es que el presidente asuma su responsabilidad política de las órdenes que haya dado en su carácter de Comandante Supremo. La última opción será explicar las razones de Estado con base en los intereses y objetivos nacionales, lo cual me parece puede ser una alternativa honesta y que puede elevar el nivel de discusiones futuras sobre la seguridad nacional. Como sea, debemos esperar afectaciones a las relaciones que tiene la Sedena con diversas instituciones nacionales y extranjeras por la información que se revelará.
Agenda estratégica: Es urgente que se debatan las múltiples iniciativas sobre ciberseguridad o que el gobierno presente la propia.
POR GERARDO RODRÍGUEZ
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