La Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley -conocida como la Comisión de Venecia por la ciudad donde se reúne- es el cuerpo consultivo del Consejo de Europa sobre asuntos constitucionales. Su papel es proveer opiniones legales a los estados miembros que buscan adecuar sus legislaciones a los estándares europeos en materia de democracia, derechos humanos y estado de derecho.
La Comisión tiene 61 estados miembros, incluidos 46 del Consejo de Europa más otros 15 entre los cuales están Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Israel, Estados Unidos, Perú y México. Sus miembros individuales son profesores universitarios, jueces constitucionales, parlamentarios o miembros del servicio civil de carrera, designados por periodos de cuatro años. Participan a titulo personal y sus recomendaciones no son vinculatorias, pero constituyen opiniones legales independientes sobre qué tanto se ajusta o se aleja la legislación de un país a las mejores practicas democráticas de Occidente.
A solicitud del INE, la Comisión de Venecia analizó la iniciativa de reforma electoral presentada al Congreso por el presidente Lopez Obrador y, entre otros temas, concluyó que:
1. Las modificaciones constitucionales propuestas no dan suficientes garantías de independencia e imparcialidad para el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y el Tribunal Electoral.
2. El proceso de elección directa de consejeros del INEC y de jueces del Tribunal Electoral no se ajusta a las mejores prácticas en la materia que prevén la selección de estos funcionarios atendiendo criterios profesionales y buscando una adecuada representación de las fuerzas políticas.
3. La centralización administrativa (con la desaparición de los OPLES) compromete la confianza de los electores respecto de la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales a nivel local, dado el tamaño del país y su estructura federal.
4. La concentración de recursos de queja y apelaciones ante un solo tribunal nacional también resulta problemática dada la estructura federal del estado mexicano.
Al mismo tiempo que recibíamos la señal de alerta desde Venecia, se publicaba el Indice global de Estado de Derecho 2022, elaborado por el World Justice Project. México desciende peldaños por cuarto año consecutivo, para llegar al lugar 115 de 140 países. La realidad es que estamos más cerca de Nicaragua y Venezuela que de nuestros socios comerciales Canadá (12) y Estados Unidos (26). Y muy lejos de Dinamarca.
Ante la inmediata descalificación oficial de estos resultados, conviene recordar que los gobiernos con pulsiones autoritarias son los que rechazan el escrutinio externo. De allá venimos y nos ha costado décadas llegar a donde estamos hoy. Ojalá despertemos y defendamos las instituciones que nos quedan, empezando por el INE. Se trata de la última línea roja que no debe cruzarse.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@veronicaortizo
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