La lucha por la transición a la democracia ha sido larga y difícil, nuestro país ha pagado un precio muy alto por lograr la institucionalidad democrática que da sustento a un sistema electoral y de partidos reconocido en México y en el mundo.
Más de tres décadas han pasado desde la fundación del Instituto Federal Electoral, transformado en el actual Instituto Nacional Electoral (INE) en abril de 2014. Durante ese tiempo, se desarrolló el sistema electoral, se consolidó el sistema de partidos y se fortaleció la legitimidad de origen de la representación política que permitió, con apoyo del Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), creado en 1996, dar certeza y legalidad a la alternancia política en la presidencia de la republica y en las elecciones locales y la transición pacífica a la democracia.
El INE goza de la confianza de los ciudadanos y de la mayoría de los actores sociales y políticos, condición indispensable para garantizar la estabilidad y legalidad del sistema electoral y la paz social. Por lo anterior, es muy preocupante que desde el gobierno se proponga una reforma al órgano electoral que, lejos de buscar su fortalecimiento, pretenda, sin fundamento, debilitarlo y desaparecerlo.
El intento de reforma, impulsado por la secretaria de gobernación e instrumentado por legisladores de Morena en la cámara de diputados, está precedido por reiteradas declaraciones desde Palacio Nacional en contra del Instituto, una campaña sistemática de desprestigio a sus funcionarios, el recorte de su presupuesto y la controversia a sus determinaciones. El cabildeo legislativo ha incluido consultas con representantes de las bancadas, sin que a la fecha se conozcan posiciones definitivas; menos aun, la posibilidad de un consenso necesario en una decisión de estado, más bien, predomina la amenaza y el chantaje para imponerla unilateralmente al precio que sea.
Recientemente la comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, emitió una opinión sobre la pretendida reforma electoral, advirtiendo sobre el riesgo de socavar la confianza, al cambiar un sistema electoral que funciona bien en general y que se ha acreditado a lo largo de varios ciclos electorales.
También advierte que la reforma propuesta pone en serio riesgo la objetividad, la independencia e imparcialidad del órgano electoral, al asegurar que “ las enmiendas propuestas a la Constitución no brindan suficientes garantías de independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del tribunal electoral”, entre otras cosas por la complejidad y la centralización, el control de sus integrantes, la improvisación, la intromisión de los nuevos funcionarios electorales y el cambio a un sistema proporcional conformado por 32 distritos electorales.
Atentar contra la autonomía del INE y el tribunal electoral y comprometer la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales, los convierte en operadores políticos del régimen más que en árbitros electorales.
Por ello debemos insistir, la reforma electoral que impulsa el gobierno y su partido es una trampa, es inoportuna y de alto riesgo para nuestra democracia, ya que con el argumento de la mejora del órgano electoral y el abaratamiento de su operación, se ejecuta la estrategia del régimen para debilitar, controlar y desaparecer al INE de cara a las elecciones del 2024. Es momento de actuar decididamente en defensa del INE.
Marco Adame
Analista y Consultor Político
@MarcoAdame
MAAZ