La industria de la construcción impacta en 63 actividades económicas, de las 79 ramas productivas, el sector es un gran generador de crecimiento y empleo, con cerca de cinco millones, con la 4T cambió el rumbo, hoy es un sector muy débil, que genera la pérdida de más de dos mil 500 empresas, en la mayoría pequeñas y medianas que cierran prácticamente este año.
El pasado 17 de octubre en el día internacional para erradicar la pobreza, Marco A. Mares, distinguido analista, mencionó que hay 20 millones de personas más en pobreza por ingresos (¡la falta de estos!)
En nuestra industria, es un secreto a voces, que los trabajadores de la construcción laboran sin contrato estable y sin defensa de sus derechos laborales.
Mencionaré algunos de los aspectos por los cuales no se logró reconocer al trabajador una mejor condición de vida. Uno de los temas es la falta de reconocimiento por parte del gobierno en el valor real de lo que cuestan las obras...
Los presupuestos del gobierno que se elaboran y autorizan en la obra pública carecen de un análisis integral apegado a la realidad de la economía.
La falta de chamba juega en esta problemática, ya que las empresas se tiran a matar al momento de ofertar, es decir, brindan obra por debajo del presupuesto autorizado de la dependencia de por sí “bajos”, esto es perverso para la industria, ya que al final, los resultados de su actividad prácticamente resultan con pérdida.
De alguna manera, lo anterior contribuye a la pobreza en los ingresos para el trabajador. La autoridad se vuelve cómplice, ya que tiene la solución en mano y nadie la observa, ni la aplica.
La Ley de Obras Públicas es clara, al señalar que las edificaciones se adjudicarán a la propuesta (artículo 134 Constitucional).
“Que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
Nunca se señala a la más barata, otro factor que existe, son las prisas para gastarse el presupuesto, siendo éste el peor enemigo de la planeación de las obras, más los recortes presupuestales de este gobierno en áreas estratégicas, nos da como resultado los sobrecostos en las obras que alcanzan más de 50 por ciento, a mi juicio tirar el dinero.
En este gobierno, el único que no “sufre” es el Ejército, el gran protagonista en la industria de la construcción en la 4T.
Me comentaba un constructor que trabaja en el Tren Maya, que la ventanilla de pagos de su tramo es la chequera del capitán al frente del tramo una vez que le autorizan la estimación, él paga, evitando así la burocracia de los procesos establecidos en otras dependencias.
Otro factor hoy en día que está afectado a las obras es la inflación, la cual en algunos casos no se reconoce por parte del gobierno, como lo señala la Ley de obras, en su artículo 59: “Se presenten circunstancias económicas de tipo general”.
Tenemos aspectos a destacar de la inflación, insumos en comparación con 2021, el asfalto, 40 por ciento; el alambrón, 31.2 por ciento; la varilla corrugada, 18 por ciento; diésel, 8 por ciento; el cemento, 16 por ciento; 15 por ciento en concreto; y 24por ciento, en agregados.
Lo que es más impactante, lo que señala Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio medio de la vivienda en 2018 fue de 815 mil 934 pesos y en 2022, la cifra es de un millón 502 mil 23 pesos, 84 por ciento sólo en cuatro años.
Por último, vale la pena voltear a ver el presupuesto 2023. Es de resaltar que las fuerzas armadas tendrán 153 mil 700 millones de pesos y en infraestructura 77 mil 400 millones de pesos, esta cantidad sólo para construir.
Nunca se pensó que esta partida la fuera a ejercer el Ejército, con la cual el país podría construir infraestructura de clase mundial, como obras sociales para el bienestar de los más necesitados.
El presupuesto 2023 tiene que del gasto de Inversión Física en 21.4 por ciento se va a proyectos prioritarios de esta administración, sólo el Tren Maya, 143 mil 73.30 millones de pesos, casi cinco veces el presupuesto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ésto representa casi cero mantenimiento de carreteras, puentes, etc., y nulo crecimiento de autopistas y vías de comunicación, que cada día son menos seguras y eficientes para el movimiento del transporte en general.
Hablando de mantenimiento, el AICM tuvo una caída en el gasto de inversión de 95 por ciento en los tres últimos años. En 2016, se destinaron 423 millones de pesos y en 2018 poco más de 21 millones de pesos.
En gasto de mantenimiento y conservación, en el sexenio actual se contrajo 32 por ciento de mil 264 millones de pesos en 2019 a mil 101 millones en 2021. Y como se ve a final del sexenio no “pinta bien” para el AICM.
Es urgente cambiar las formas con las que seguimos operando la obra pública en el país.
POR MANUEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SIMAS, CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA
MANUEL.GARCIA@SIMAS.COM.MX
MBL