¿Alguna vez han considerado su opinión para que se registre la inversión pública en su localidad, municipio o estado? Lo llaman presupuesto participativo, pero en México aún estamos lejos de organizarnos, sociedad y gobierno, para decidir juntos el destino de los recursos públicos.
Los pocos casos que se conocen de estos ejercicios de gobierno abierto, donde la sociedad participa en la toma de decisiones presupuestales se concentran en Monterrey, CDMX y Jalisco. Y se trata de un porcentaje menor del presupuesto que se destina a las demandas de las personas que habitan esas regiones territoriales, según se pronuncien o voten.
La Ciudad de México, desde hace una década, tiene un programa “Enchula tu colonia”, en el que se destina un porcentaje del presupuesto para que la ciudadanía decida cómo se aplicarán los recursos, para acciones de mejoramiento urbano.
Se realizan previamente asambleas ciudadanas de diagnóstico y deliberación, además de convocatorias dirigidas, donde se puede participar activamente opinando o como observador de este ejercicio.
Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2022, se destinó el 1.87 por ciento de los recursos asignados a cada alcaldía a ejercicios de presupuesto participativo que decidían los habitantes de las unidades territoriales y una cantidad igual se aplicó, de acuerdo con criterios de los índices de pobreza y marginación.
En el caso del municipio de Monterrey, dividen a la ciudad en 30 sectores y desarrollan un proyecto en cada uno, de acuerdo con las propuestas que reciban y la votación que se recaba de manera virtual y presencial. Para participar, se debe acreditar tener residencia ahí y ser mayor de 18 años.
En Veracruz, se acaban de iniciar foros regionales con diferentes sectores y grupos de la población, donde deportistas, artistas, médicos y líderes opinan en qué áreas se requiere destinar recursos o incrementar la inversión anual; y un municipio pequeño de la zona sur, Las Choapas, pretende iniciar este ejercicio en el ejercicio fiscal 2023. Por eso, en su anteproyecto de presupuesto consideró la decisión de agrupaciones indígenas sobre sus necesidades de obras y servicios públicos.
Para fomentar y llegar a la fase de gobierno abierto en las demarcaciones territoriales, se requiere una comunidad participativa. Cierto es que, ante la desconfianza en los gobiernos y políticos, pocos son los que se animan a alzar la mano e intervenir de manera directa y voluntaria en las asambleas o consultas.
Incluso, aunque éstas se realicen a través de plataformas digitales. Otro ingrediente para considerar en el gobierno abierto y presupuesto participativo, son las tecnologías de la información y la comunicación, herramientas aliadas para la implementación de buenas prácticas, que ayuden a asumir los problemas de otros como propios.
La emergencia sanitaria por el Covid-19 aceleró el trabajo en las instituciones públicas para transitar al uso de las tecnologías en la resolución de problemas y atención de la ciudadanía. Sin embargo, estamos muy lejos de que sea la ciudadanía la que decida en qué se invierte cada peso del presupuesto o al menos que se designe -de manera permanente- un porcentaje de la inversión en obra, de acuerdo con la demanda y opinión de los gobernados.
POR NALDY RODRÍGUEZ
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