Uno de los problemas más graves que México enfrenta está vinculado con el cumplimiento y aplicación de la ley. Informes nacionales e internacionales revelan que nuestra sociedad tiene la percepción de que la observancia de la ley es una cuestión discrecional, sujeta a intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole, desconfiando de las instancias responsables de la impartición y procuración de justicia, circunstancia que debilita la institucionalidad democrática, cuestiona la capacidad de las autoridades y abre las puertas a conductas que vulneran los derechos de las personas.
Para revertir esta percepción, es necesario, entre otras cosas, que la sociedad adquiera una mayor y mejor cultura jurídica que le brinde un conocimiento cierto de las normas, de los mecanismos para lograr su exigibilidad, así como de las responsabilidades que deben observar las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para lograr que la Constitución y las leyes se apliquen y respeten.
En este sentido, los medios de comunicación pueden contribuir a la consolidación de esa cultura jurídica, amiga de la legalidad, que fortalezca el Estado de Derecho del país.
De manera cotidiana, los medios de comunicación dan cuenta de hechos vinculados con la procuración y administración de justicia, en los que están involucradas personas públicamente relevantes o que aluden a asuntos de interés público; sin embargo, la escasa cultura jurídica, aunada a las deficiencias, sesgos o al enfoque parcial con el que la información se presenta, provoca que las personas formen opiniones incorrectas sobre la procuración e impartición de justicia.
Lo anterior, hace evidente la necesidad de que la cobertura informativa que se realice de estos hechos sea objetiva y contribuya a la consecución de la verdad.
Una cobertura que no sólo informe los hechos, sino que contribuya a ubicar los mismos en el contexto normativo que corresponda, preservando las garantías y salvaguardas que marca la ley respecto del manejo de la información, al igual que los derechos humanos de todas las partes involucradas. Un manejo informativo que evite, en la medida de lo posible, que se juzguen mediáticamente cuestiones sobre las que sólo corresponde pronunciarse al Poder Judicial, pero que también, dé seguimiento al desarrollo de procesos y a la actuación de autoridades y demás partes que intervienen en los mismos.
Los medios de comunicación están obligados a fortalecer el campo del periodismo judicial en México. La sociedad requiere información que, además de ser veraz, objetiva y completa, contribuya a fortalecer la cultura jurídica, al igual que el respeto al Estado de Derecho y a nuestras instituciones democráticas. En el Heraldo estamos convencidos de que debemos actuar en consecuencia.
ANTONIO HOLGUÍN ACOSTA
VICEPRESIDENTE DE HERALDO MEDIA GROUP
MBL