Nos encontramos en un momento crítico en la vida democrática de México. Tras perder su partido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en 2021, el Ejecutivo agudizó sus ataques a las instituciones electorales, no sólo de manera verbal, sino con acciones que han querido minar su estructura, independencia y fortaleza.
Como ejemplo, en el Presupuesto de Egresos se impuso un recorte de más de 26 por ciento con respecto al periodo anterior; a pesar de tener en puerta el compromiso de efectuar “la consulta” sobre la revocación de mandato solicitada por el partido en el poder.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió la Controversia 209/2021 señalando que no se motivó el recorte presupuestal efectuado y tampoco se demostró que el recurso asignado fuera suficiente, por lo que declaró inválido el presupuesto para el INE del 2022. Así, la Corte ordenó a la Cámara de Diputados analizar el presupuesto y, en su caso, autorizar recursos adicionales.
En contraposición a lo ordenado por la SCJN, el oficialismo presentó un dictamen a votación que afirmaba que se han hecho reducciones previamente y, en consecuencia, la de 2022 no afectaba la operación del INE.
En los próximos días se pretende elevar a discusión del pleno la iniciativa de reforma electoral enviada por el Presidente el pasado 28 de abril de 2022. Esta iniciativa se analiza en comisiones, junto con 41 propuestas más presentadas por diversos partidos; muchas de ellas consecuencia de un parlamento abierto en el que participaron expertos en la materia y sociedad civil en el que se abordaron cuestiones medulares para nuestra democracia.
Son varios puntos los que han activado la alarma antidemocrática por la iniciativa del ejecutivo de reforma electoral, pero destaca particularmente la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLES), ya que estos tienen un papel fundamental en la organización de las elecciones tanto locales como federales.
Son parte fundamental del sistema electoral, porque el INE no cuenta con la estructura orgánica necesaria para abarcar todo el país y organizar procesos locales. Su desaparición dejaría en estado de indefensión y sobre todo de abandono, a múltiples actividades que actualmente son realizadas por dichos organismos. La justificación de esta intención es que, según alega el oficialismo, es un gasto excesivo; la realidad es que es un ataque para limitar la eficacia de la vigilancia y la organización electoral, por así convenir a los intereses del Ejecutivo.
Otro de los puntos es el relativo a la elección de los Consejeros Electorales del nuevo órgano denominado INEC, que implicaría que los nuevos funcionarios electorales serían electos a través del voto popular en donde, instancias con claro control partidista como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente, propondrían una lista de perfiles que irían a una elección popular y quienes resulten los más votados formarían parte del Consejo Electoral.
Este sistema no aseguraría que lleguen los perfiles más objetivos y calificados sino aquellos que más le convengan al partido actualmente en el poder.
De igual manera se elegirían a los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ambos casos ya no se podría garantizar ni la independencia, ni la imparcialidad, ni la objetividad, ni certeza en los procesos electorales y todo aquello que hemos avanzado durante décadas de lucha democrática en México tendría un retroceso sin precedente.
Ante este embate contra la democracia y el avance hacia el autoritarismo, tus legisladores de Acción Nacional continuaremos dando la batalla para que no se transgreda el marco normativo electoral y no se dé un retroceso democrático. Vamos a legislar porque los órganos electorales continúen con su autonomía jurídica y presupuestal.
JORGE ROMERO
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
MBL