Más allá de las repercusiones en la salud de las personas luego de la pandemia y sus efectos realmente nocivos hacia el futuro como secuelas, el impacto económico ha sido devastador extendiendo sus consecuencias hasta la fecha. En tan sólo un periodo de 12 meses de confinamiento, las empresas ya estimaban pérdidas de más de 155 mil millones de pesos para todo tipo de negocios.
En las MIPyMES los resultados también lesionaron la economía, ya que se contabilizaron 400 mil micro, pequeñas y medianas empresas, que no aguantaron la crisis y tuvieron que cerrar. Ello sin entrar al resumen de la baja en los hábitos de consumo que, aunque mantuvieron empresas, hicieron que las ventas disminuyeran de forma dramática. La cantidad de empleos perdidos no tuvo precedentes y, a pesar de la recuperación de los mismos, la estela de destrucción económica se mantiene.
Durante la pandemia, ni a nivel federal ni a nivel local se previeron apoyos de ningún tipo para pequeñas y medianas empresas que, más allá de sus ganancias como dueños, necesitaban mantenerse como un espacio de ofrecimiento de empleo para el grueso de la población que tiene trabajo gracias a este tipo de compañías.
Se pidió acordar una flexibilización en el pago de arrendamientos; se sugirió exenciones de impuestos o, por lo menos, facilidades para su pago; incluso, existieron voces que propusieron apoyos directos para hacer frente a cargas insostenibles ante el mantenimiento de gastos y la disminución de ingresos. Bajo diversos argumentos, el abandono se consumó y muchos vieron concluido su sueño de tener un negocio que permitiera alimentar a sus familias y a las de otros tantos trabajadores.
Apenas hace algunas semanas y sólo derivado de una inflación incontrolable, que se ha salido de las manos y que impacta mediáticamente porque nunca se había vivido algo así, el Gobierno decidió firmar un acuerdo con apenas 15 empresas de alimentos y distribuidoras para eximirlas de permisos, trámites y regulaciones, de tal manera que bajen costos y permitan que el movimiento de insumos sea más ágil.
En ese mismo acto, se señaló que en caso de alguna problemática sanitaria, los empresarios tendrían que asumir esa responsabilidad y el probable costo en caso de que algo saliera mal. Es decir, por un lado se les da manga ancha y, por el otro, se les restringe y acusa a priori para evadir cualquier responsabilidad.
Uno de los grandes problemas en la dirección de nuestro país radica en el hecho de evadir responsabilidades y de generar planes poco estructurados o que en nada ayudan a resolver el problema. En este caso, lo que pudo haber sido un pacto más amplio, con candados que no pongan en riesgo al pueblo de México y que, al mismo tiempo, representara un beneficio para las y los mexicanos, se ha convertido en un peligro aparente en donde quienes pagan los platos rotos son las y los ciudadanos.
Considero que aún se está dentro del momento oportuno para replantear esa estrategia que, de alguna manera, desacelere la inflación que estamos teniendo. Ello se va a lograr a través de programas de incentivos reales para las empresas, potenciar la producción y respetar los acuerdos comerciales y no con acciones inmediatas que a mediano plazo pueden traer problemas delicados para el pueblo de México.
POR NUVIA MAYORGA DELGADO
COLUMNISTA
MAAZ