Desde hace años, la sociedad está consciente del doble discurso que sale desde la Presidencia cada mañana. Hace mucho que sabemos que este gobierno carece de congruencia entre sus palabras y sus actos.
Sabíamos que la corrupción no se acabó, que la economía no va bien, que las finanzas públicas están en manos de funcionarios neófitos, que la pandemia se gestionó con base en sinsentidos y que la estrategia contra la inseguridad está muy lejos de pacificar al país.
Lo que no sabíamos, era qué tan profundo llegaba la corrupción y cuánto ha contaminado a una de las instituciones que por años se nos ha vendido como algo inquebrantable.
El grupo de hackers denominado Guacamaya acaba de asestar un golpe que echa por los suelos la imagen que el Ejército mexicano tanto se ha esforzado por ocultar, al menos en los últimos cuatro años. Se trata de la espina dorsal de la 4T y la suerte de monstruo omnipresente que ha creado y promovido en la figura de las Fuerzas Armadas.
A pesar de los esfuerzos del Presidente por minimizar la vulneración de datos confidenciales a manos de este grupo de hackers activistas, esta es la primera vez que los mexicanos podemos visualizar el tamaño de la podredumbre que provoca la situación de violencia que vivimos.
El hackeo de Guacamaya podría abrir formalmente la etapa final de un sexenio cuya administración federal está cada vez más arrinconada y a la defensiva, sosteniendo con alfileres el control de la agenda. Es el principio del fin.
Labores de espionaje con motivaciones políticas hacia ciudadanos, contratos públicos a modo, nepotismo y otros vicios que siempre se negaron al interior del Ejército; sin embargo, se cometen, pero los militares gozan de una suerte de excepción de la justicia. Tal vez no haya una institución más opaca en México que las Fuerzas Armadas.
A la luz de cientos de mails, sabemos sobre los pactos del Ejército y su conocimiento a detalle de redes de operaciones del crimen organizado, con santo y seña: nombres, direcciones, números. Pero a pesar de las evidencias no hay un solo arresto. Los límites de las atribuciones de las fuerzas castrenses, los cuales se ubican en un amplio espectro gris, jurídico y moral, hacen que nos preguntemos quién es el verdadero capo en este combate contra el crimen. Quién sostiene verdaderamente los hilos del entramado de violencia que sufren tantas familias todos los días.
Los hackeos de Guacamaya se han realizado en otros países de América Latina, y en Chile, por ejemplo, ya están comenzando a caer altos mandos y se está llamando a funcionarios de primer nivel a rendir cuentas. En cambio, en México, el Ejército tiene a funcionarios operando a su favor para que no se enjuicie a militares relacionados con el caso Ayotzinapa. Sobre la comparecencia o carpetas de investigación contra mandos de primer nivel en la Secretaría de Defensa, ya ni hablamos.
¿Por qué la insistencia del Presidente por empoderar más al Ejército? Ya no sólo se encarga de la seguridad, sino de la infraestructura y hasta se les quiere financiar una aerolínea. ¿Qué interés hay en ello? Ahora que están bajo la luz pública, es momento de realizar, como nunca antes, un ejercicio de presión ciudadana para llamar a cuentas a una institución que no puede seguir disfrutando de impunidad y concentración arbitraria de poder, que en este sexenio tanto se la ha otorgado.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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