Esta semana trascendió la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional empleó el software “Pegasus” para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos durante parte de la administración federal. Pegasus fue utilizado con anterioridad para recabar información personal a través de la infección específica de teléfonos inteligentes, ingresando a los datos privados, conversaciones, ubicación geográfica, así como al acceso no consentido a la cámara y el micrófono del dispositivo. Es pues la irrupción completa a la privacidad.
El tema resulta relevante para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esto no solo porque compromete gravemente los datos personales de particulares, sino que transgrede la intimidad y la privacidad de particulares.
El uso de estos malwares no es nuevo, pues se tiene conocimiento de estos desde el 2017. De acuerdo con diversos datos públicos, entre 2012 y 2018, se han destinado cerca de 6 mil millones de pesos[1] en la compra de licencias para la operación de estos programas[2], con los cuales se han intervenido dispositivos de periodistas, activistas y políticos mexicanos.
Han sido cerca de 15 mil los dispositivos infectados en México, esto de un total de 50 mil a nivel mundial, de acuerdo la investigación de la firma especializada en seguridad, Forbidden Stories[3], resaltando que uno de estos teléfonos intervenidos fue el del ahora Titutal del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el tema, la ciudadanía demuestra su gran interés y preocupación, cuenta de ello son las más de 239 solicitudes que se registran hasta el momento y que incluyen el término “Pegasus” a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entre estas, requieren información a distintas instituciones públicas de nuestro país, sin embargo, resaltan aquellas específicas dirigidas directamente a la SEDENA, así como a la Fiscalia General de la República (FGR)).
Ya en 2017, el INAI ordenó a la entonces Procuraduría General de la República la entrega en versión pública del contrato celebrado con la firma israelí NSO Group para la compra de dicho programa (RRA 6309/17), esto no solo para contribuir en una adecuada rendición de cuentas con la sociedad a través del uso de recursos públicos, sino por la intervención de dispositivos móviles, lo que representa una amenaza directa para los datos personales de la ciudadanía, así como para su privacidad.
En aquel entonces, la PGR reservó dicho contrato, sin embargo, la determinación del INAI ha sido siempre no solo la apertura de información pública, sino la preocupación legítima y constitucional de la privacidad. Es a través de este criterio que se determinó procedente la entrega en versión pública de dichos contratos, protegiendo en todo momento las especificaciones técnicas y métodos de operatividad del software, así como los datos de las personas que participaron en la contratación o tenían conocimiento de su funcionamiento.
En este sentido, el INAI ha puesto a disposición de la sociedad el micrositio “Ante la Opinión Pública”, en el cual se recabó la información relevante y específica del caso. La sección comparte el total de solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión relacionados con el tema, presentados entre el 10 de febrero de 2004 y el 19 de julio de 2021, así como los contratos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el sistema CompraNet.
En el INAI estaremos atentos al desenlace del caso actual, además de que garantizaremos el adecuado acceso a la información pública proveniente de solicitudes que interponga la sociedad como parte de los derechos que tutelamos.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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