Es de amplio conocimiento que una de las funciones primigenias y fundamentales de cualquier Estado, es la protección de sus habitantes frente a la inseguridad; es una obligación inherente del gobierno para darle confianza y certidumbre a la población. No importa el Sistema Económico o Político, este paradigma es esencial.
Lamentablemente en México se ha deteriorado gravemente el tema de la seguridad pública y los mexicanos cada día se sienten mas inseguros frente al pánico que amenaza su propiedad y su integridad física. Casi no hay lugar de la República donde no exista de manera creciente esta percepción, que nos impide salir a los parques públicos, ingresar a lugares de entretenimiento por la noche, circular por las carreteras nacionales e inclusive sentirnos plenamente tranquilos al interior de nuestros hogares.
El panorama es horrendo. Esta situación se ha mantenido en forma creciente durante varios lustros; no se trata de culpar a uno u otro gobierno, sino tratar de entender cómo los tentáculos del crimen –organizado o no—, afecta nuestra vida cotidiana.
No obstante, la importancia de esta asignatura pendiente. Las fuerzas políticas del país, empezando por los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, la han convertido en un tema de polarización y de controversia política. Hoy en día, por una parte, el gobierno ha dado facultades extraordinarias en muchos aspectos de la vida nacional a las fuerzas armadas y, paradójicamente, con el terrible caso de los jóvenes asesinados la noche de Iguala.
Parece develarse la participación de parte del Ejercito Nacional, lo cual divide al propio gobierno entre las posiciones de investigación sobre la verdad que encabeza el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, las propias Fuerzas Armadas
–Ejército y Marina— y la Fiscalía General de la República, que no acaba de explicar las razones por las que pidió el desistimiento de órdenes de aprehensión ya giradas.
La realidad nos obliga a considerar que, pese a que la doctrina militar es diferente a la seguridad pública, la acción de la Guardia Nacional, del Ejercito y la Marina, son necesarias e indispensables. Al respecto, se aprobó una iniciativa que modifica diversas leyes secundarias –francamente inconstitucional—, que promovió la dependencia de esta Guardia Nacional al Ejército; por otra parte, se presentó la iniciativa que modifica un Transitorio de la Carta Magna –con mayor sentido de constitucionalidad—, para
aumentar el plazo de la presencia militar del año 2024 al 2028, ésta propuesta –que causó tanta polémica— tiene mayor lógica jurídica y, probablemente, al final del camino será aprobada con modificaciones, que impliquen mejorar las condiciones de las abandonadas policías Municipales y Estatales, con una mayor capacitación en labores de inteligencia y con un cierto aumento de facultades, así como una vigilancia de sus resultados por parte del Poder Legislativo. Desde luego, esto requiere –como condición indispensable— el aumento presupuestal, que hoy no se ha dado.
La pregunta es ¿se puede o no obtener una policía de proximidad ciudadana? como ha sucedido de manera eficaz en la Ciudad de México, en donde se incrementaron las facultades de investigación a la policía preventiva.
El resultado en términos generales es aceptable y, por lo tanto, la probabilidad de que una policía civil resuelva el tema tan escabroso es posible, siempre y cuando se desarrolle una eficiente y efectiva estrategia de seguridad pública, con la participación de los tres Poderes de la Unión.
Por otra parte, el desequilibrio de los factores del poder puede conducirnos a escenarios no previstos y graves, para el destino nacional. La inseguridad nos afecta a todos y, por tanto, para lograr resultados se requiere una política de Estado en la que participe todas las fuerzas sociales y en donde se haga a un lado lo interese politiqueros y mezquinos que empañan las posibilidades de éxito.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ