La cuesta de enero se convirtió este año en un conjunto de noticias que prefiguran escenarios políticos difíciles. Por principio, la salud del Presidente de la República mostró su vulnerabilidad, aunque la oportuna intervención de los médicos militares regularizó su situación y le permite continuar con sus actividades.
Lo lamentable fue el pésimo manejo de la comunicación y las dudas que naturalmente se generaron. No es un asunto menor, pues se trata de la salud del primer mandatario que tiene precedentes de problemas cardiacos. Con todo, la respuesta presidencial de hacernos saber que tiene listo un testamento político, “por si las dudas”, sólo distrajo la atención y puso las miradas en una actitud que parece buscar predefinir la toma de decisiones, aun cuando el Presidente esté o no esté, sin tomar en cuenta el funcionamiento legal de las instituciones que deben imperar.
En todo caso, la salud presidencial estuvo acompañada de “otros datos” nada halagüeños. Transparencia Internacional informó que durante 2021 México sólo alcanzó 31 de 100 puntos en la percepción sobre corrupción, lo que nos coloca en el lugar 124 de 180 de los países evaluados. En otras palabras, la principal bandera del actual gobierno no muestra resultados.
Por otro lado, en materia económica, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2022 a sólo 2.8 por ciento, en lugar del anterior 4 por ciento.
Ese dato colocaría a México en un crecimiento de prácticamente cero durante los primeros cuatro años de este gobierno, muy lejos de la expectativa del principio del sexenio. Adicionalmente, la inseguridad en las entidades de la República no parece tener control, pero este enero se caracterizó por el asesinato de tres periodistas en Baja California y Veracruz. Tales hechos abonan a percibir a México como un país en el que ejercer el periodismo libre es peligroso.
Los demás acontecimientos de enero sólo hablan de ineficiencia: el Tren Maya tuvo que cambiar su ruta, sin importar el costo y el daño ecológico; se incrementó el conflicto en el CIDE y se tomaron decisiones fuera de las normas y la pandemia siguió incrementando los contagios por lo que varios estados restringieron el regreso a clases presenciales, en contra de las intenciones del gobierno.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral avanza en la organización de la Revocación de Mandato, en medio de debates
jurídicos y económicos. Nadie duda que el ejercicio tendrá lugar el 10 de abril bajo la organización del INE, pero la Secretaría de
Hacienda y Crédito Pública no ha respondido a la solicitud de ampliación presupuestal.
Por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por discutir si proceden aspectos relevantes de la Ley de Revocación de Mandato, incluso si la pregunta está bien redactada o debe eliminarse la parte relacionada con la pretendida “ratificación” del Presidente de la República. Todo a 72 días de la fecha prevista.
Esperemos que febrero traiga mejores datos, porque en los augurios para este año, persiste la incertidumbre y los problemas solo parecen agravarse.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Profesor Investigador del ITESM
@ArturoSanchezG
MAAZ