Según Jill Radford y Diana E. H. Russell en su libro Feminicide (1992), el feminicidio, es el asesinato misógino de mujeres por parte de los hombres: una forma de violencia sexual. Ésta se define como cualquier acto físico, visual, verbal o sexual experimentado por una mujer o una niña, en el momento o posteriormente, como una amenaza, invasión o agresión, que tiene el efecto de herirla o degradarla y le quita la capacidad de controlar el contacto íntimo. Hace 21 años, de acuerdo con la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (caso González y Otras —Campo Algodonero— vs. México, el 16 de noviembre de 2009, conocido como las muertas de Juárez), el delito de feminicidio se explica en nuestro país porque existe un contexto social de discriminación sistemática hacia la mujer, basada en la desigualdad de género arraigada en nuestra sociedad.
Estableció que el género de las víctimas fue un elemento significativo del crimen, incluyendo el motivo, el contexto y la forma de la violencia a la que fueron sometidas.
A pesar de que el 31 por ciento del total de víctimas se debió a la violencia social (venganza, riña, imprudencia, pandillerismo, robo); 28 por ciento, por violencia doméstica, el proceso nunca llegó a término. Hasta el día de hoy se desconoce la identidad de los responsables de estos hechos.
Los informes y entrevistas concluyeron que las denuncias eran desechadas, las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades y deficiencias, y no hubo integración de expedientes judiciales completos, “sólo bolsas con huesos que se iban recabando”.
Se comprobó la demora en el inicio de las investigaciones; lentitud en las mismas; inactividad en los expedientes; negligencia en la recolección y realización de pruebas; en la identificación de víctimas; pérdida de información; extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público, y falta de contemplación del fenómeno global de la violencia de las mujeres.
¿Ha cambiado algo?
La secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, asegura que el delito de feminicidio ha disminuido en 7 por ciento. Miente. Tan sólo durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, este delito aumentó exponencialmente.
La impunidad inicia con las autoridades que discriminan a las mujeres al no darle importancia a las denuncias de desaparición. Aún se señala la falta de moralidad de las víctimas y la responsabilidad de las familias por su forma de vestir, por el lugar en el que trabajan, por su conducta, por andar solas y/o por la falta de cuidado de los padres.
La impunidad inicia en Palacio Nacional, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempló ninguna asignación de aumento al presupuesto en favor de las mujeres en 2022.
POR JORGINA GAXIOLA
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