La libertad de expresión es un derecho humano fundamental.
Y no sólo eso: es también un requisito indispensable para poder hablar de un sistema democrático.
En efecto, todas las dictaduras han pretendido restringir el derecho a la libertad de expresión y todas ellas, por cierto, utilizando las mejores razones: no poner en riesgo el orden y la paz social, evitar la propagación de doctrinas erróneas y que se atente contra las buenas costumbres, impedir peligros para la nación, proteger a los ciudadanos…
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Lo anterior viene a cuento por dos resoluciones judiciales altamente preocupantes, que también apelan a “buenas” razones. Por un lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las expresiones de algunos ministros de culto en el reciente proceso electoral violaban, nada más y nada menos, que la separación entre Iglesia y Estado, por lo que exigió sancionarlos. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los programas de radio y televisión distinguir entre información y opinión, supuestamente para proteger los derechos de las audiencias.
Llama la atención que ahora que se invoca tanto el principio pro persona, a fin de hacer una interpretación de los derechos humanos lo más amplia y garantista posible, se olvide que la Constitución consagra en su artículo 6 la libertad de información y en su artículo 24 la libertad religiosa y de convicciones éticas.
La laicidad del Estado ampara, no restringe, las libertades de creyentes y no creyentes.
Y respecto al control editorial de los contenidos informativos que se pretende hacer desde el Estado, es importante resaltar que un ordenamiento semejante solamente existe en Cuba, Corea del Norte y China.
Una amplia oferta informativa permite al público en general elegir con quién se quiere informar y también, por qué no, formarse una opinión. No puede obligarse a los distintos comunicadores a estandarizar sus contenidos, porque con eso pierden los espectadores, pierde la libertad y pierde también la democracia.
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Buscar “proteger” a los ciudadanos tratándolos como menores de edad o como personas incapaces de tomar decisiones por sí mismas ha sido una constante en los regímenes autoritarios, los cuales debían “orientar” lo que se tenía que conocer y cómo. En cambio, las democracias garantizan las libertades, la pluralidad, la circulación y difusión de ideas distintas y antagónicas, la crítica, e incluso el derecho a equivocarse; en una democracia no pueden existir pensamientos únicos ni temas vedados.
Ojalá haya sensatez en nuestros actores políticos para hacer las modificaciones legales necesarias que nos permitan tener una democracia auténticamente liberal, no una democracia protegida.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
PAL
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