Están por cumplirse 17 meses desde el anuncio sobre una nueva constitución para el Estado de México, iniciativa presentada con bombo y platillo que prometía en un breve tiempo dotar de un nuevo marco jurídico a la entidad más importante del país. A más de un año parece que el producto que la población mexiquense recibirá no será una constitución nueva, sino un estudio legislativo que dé cuenta de las problemáticas de la entidad, como si estas no fueran conocidas.
¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque no fueron pocos los señalamientos sobre la forma y el fondo de esta iniciativa que generó, en su momento, un amplio escepticismo en el que me incluyo. De manera inmediata surgieron voces que planteaban lo que se pudo percibir como una obviedad, pero que en esencia reflejaban el sentir de la población: “No debería ponerse más empeño en garantizar que se cumpla el texto actual de la constitución”, planteamiento que desde el privilegio de las élites políticas fue rápidamente menospreciado.
Otra dura crítica que enfrentó la iniciativa es que el modelo y diseño para la implementación de los trabajos del secretariado técnico podrían generar la impresión de un secuestro o una simulación para un uso meramente propagandístico de un partido, o más aún, de un grupo político de la entidad, lo cual genera interrogantes sobre el destino y cantidad de los recursos utilizados en lo que podría ser una iniciativa fallida.
Ante una nueva correlación de fuerzas en la Legislatura se prevé aún más difícil que la iniciativa del senador Martínez vea la luz. Quizá la ruta que asuman sus estrategas sea lo que se conoce popularmente como patear el bote, decir que ya casi está lista, que en unos meses y cuando de inicio el proceso electoral de 2023 anunciar que para no enrarecer dicho proceso se pondrá una pausa y finalmente sepultar la propuesta.
Desde luego que en el ejercicio ha participado gente talentosa, con experiencia y estoy seguro que de buena fe; lo que es una lástima es que todo ese espíritu de trabajo legislativo no haya impactado a la mayoría de diputades. El ambiente en la Legislatura no ha cambiado sustancialmente, sigue siendo el recinto del pueblo donde los temas de fondo se discuten al margen del pueblo. Para muestra un botón, el presupuesto.
Quizá el problema estuvo en el origen, en quitar, en delegar esa que era una responsabilidad eminentemente de diputades, no se quiso prestar oído y se menospreció el modelo de la asamblea constituyente de la Ciudad de México que celebró una elección para ir a un constituyente el 5 de junio de 2016 e instaló sus trabajos el 15 de septiembre del mismo año y aprobaron su constitución el 31 de enero del 2017, después de casi cinco meses de profundo trabajo. Este modelo podía emplearse en el Edomex, pero quizá no servía para quienes su interés era que “la discusión” durara más de un año y medio.
POR DANIEL SERRANO
LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX
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