Como todo movimiento populista, el lopezobradorismo divide a la sociedad entre las “élites” y el “pueblo”. A partir de ahí, la demagogia se suelta en una resbaladilla: quienes pertenecen a las élites –que pueden ser políticas o económicas, pero también académicas, deportivas, “raciales” o lo que haga falta– son todos necesariamente corruptos y egoístas, que tienen privilegios a costa de quienes pertenecen al “pueblo”, esa entelequia que -en contraste- es necesariamente honesta, sencilla y buena, a la que el líder defiende y representa. El sufrimiento es virtud y el éxito vicio.
Más allá de la simplificación, esta narrativa tiene consecuencias concretas en las decisiones y acciones de gobierno. Una de estas es la guerra del lopezobradorismo contra el mérito; es decir, desde su punto de vista, el trabajo, esfuerzo y logros personales no deben ser considerados ni recompensados.
Por supuesto, el mérito por sí mismo no es suficiente; entre otras cosas, porque en muchos casos tras éste se ocultan oportunidades desiguales que no dependen del esfuerzo personal (marcadamente, el nivel socioeconómico de la familia en la que a cada quien le toca nacer). Claramente hay “brechas estructurales”, como acceso a salud y educación, que el Estado debe atender para generar condiciones que, sin ser necesariamente iguales, sean justas para todos.
Sin embargo, el mérito, ese apetito por salir adelante con base en el esfuerzo propio es un valor indispensable que ha sido en gran medida la base de las sociedades innovadoras, prósperas y democráticas construidas en el siglo XX. Pero como la idea de mérito implica desigualdades (que el joven que más estudia tenga mejores calificaciones que otros o que quien tiene más experiencia y conocimiento obtenga un empleo mejor pagado), en la épica sentimentaloide lopezobradorista la meritocracia se convierte en algo perverso: un acto egoísta, que sólo hacen los ambiciosos traidores del pueblo.
Para el lopezobradorismo, lo decente es que la gente viva sin ambición. Desde esta visión, aspirar a sobresalir o a adquirir cosas “materiales” para uno o para su familia, aunque sea mediante el trabajo honesto, es un síntoma de inmoralidad. Todo esto, claro, tiene un trasfondo político: una sociedad uniformemente pobre y sin la fibra moral de la meritocracia es más dependiente de las ayudas del Estado, más conformista, más dócil y manejable.
Y esto no es pura retórica: eliminar becas para estudiantes destacados (aunque las universales son un acierto); quitar exámenes de admisión para universidades públicas; tratar de extinguir los centros de excelencia, como el CIDE, o atacar a la burocracia meritocrática como la del INE, son ejemplos recientes de esta pulsión.
Estoy convencido de que la mayoría de los mexicanos creen en la cultura del esfuerzo; que no desean un gobierno omnipresente que le otorgue dádivas a costa de inmovilizar al individuo. Todo lo contrario, los ciudadanos simplemente quieren las garantías para que su esfuerzo y trabajo sean debidamente recompensados. Ya sabemos que ese “aspiracionismo” hoy está bajo acecho, lo que no es claro, es quién está dispuesto a defenderlo.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
PAL