La revocación de mandato es un derecho ciudadano y no una prerrogativa presidencial, así se entiende en los países en los que esta figura de democracia directa se ha aprobado.
En nuestro país, el Presidente se ha asumido como el actor principal y la figura central. El protagonismo presidencial en el proceso se ha visto complementado con el apoyo de su movimiento y de las instituciones públicas.
La revocación, como figura constitucional de de democracia directa, fue aprobada por el Congreso de la Unión mediante la reforma constitucional de 2019 y la Ley Federal de Revocación de Mandato de 2021. La revocación es convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), y para que se pueda iniciar el proceso se requieren cerca de tres millones de firmas de los ciudadanos.
A lo largo del proceso de revocación se ha utilizado la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se violan disposiciones constitucionales en materia de comunicación gubernamental, ya que la propaganda no debe incluir nombres o imágenes, que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Además, los promotores de la consulta manipularon a la ciudadanía, al argumentar que se trata de un proceso de ratificación para que continúe el Presidente, y no un proceso de revocación para decidir si se termina su mandato de forma anticipada.
A estas irregularidades se suma el uso faccioso de las instituciones para atacar al Instituto Nacional Electoral (INE). Los problemas para la autoridad electoral comenzaron cuando la Cámara de Diputados aprobó un recorte por cerca de cinco mil millones de pesos, lo que obligó al INE a suspender el proceso.
Pero el presidente de la Cámara de Diputados presentó una controversia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que había que dar continuidad a un proceso ciudadano y democrático. El INE recurrió a la Corte por los recortes presupuestales, pero no recibió respuesta.
En el extremo, la Fiscalía General de la República (FGR) promovió una denuncia contra algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, por la posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. A lo largo del proceso se han documentado irregularidades como la inclusión de personas que fallecieron, fotografías no válidas y fotocopias.
El último y lamentable embate al proceso se dio ante la solicitud de ampliación presupuestal del órgano electoral, que tuvo como respuesta, una propuesta de plan de austeridad.
La revocación se ha visto así contaminada por severas irregularidades que deberían ser suficientes para cuestionar o, incluso, no realizar el proceso.
Lo que hoy día estamos viviendo no es lo que aprobamos las y los legisladores, sino una consulta ratificatoria plagada de lamentables irregularidades, que lo único que hace es destruir los procesos democráticos y debilitar a las instituciones republicanas.
POR GINA CRUZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
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