Nuestra Carta Magna es clara en materia de política externa. El artículo 89 contiene las facultades y obligaciones del Presidente de la República. La fracción X se refiere a la política exterior, que señala que corresponde al Presidente: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.”
Del texto constitucional emergen dos limitaciones al poder del Presidente en la delicada responsabilidad de dirigir la política exterior. Por una parte, deberá observar los principios normativos mencionados, por lo que no puede proceder enteramente con base en su propio criterio, intuición, inclinación ideológica, cálculos o gustos personales. La Constitución no impone una jerarquía en la importancia de esos principios normativos. El Ejecutivo está obligado a observarlos todos. No puede decir que observa unos, e ignorar otros. Tan importante es la no intervención, como el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
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Por otra parte, de acuerdo con el artículo 76 constitucional, el Presidente debe someter al Senado la aprobación de todos los tratados internacionales que suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas, y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Además, el Senado tiene como facultad exclusiva, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo con base en los informes anuales que el Presidente y el Secretario del Despacho rindan al Congreso. Es decir, corresponde al Senado, no al Ejecutivo, la última palabra sobre si se aprueba, se modifica, se enmienda o se denuncia un tratado internacional del que México sea parte. También corresponde al Senado analizar la política exterior. Puede hacer juicios sobre la misma, que pueden ser, o no, coincidentes con la posición del Presidente, aunque no puede modificar esa política, ni mucho menos pretender dirigirla.
Más que otros presidentes en era reciente, el Presidente López Obrador reiteradamente subraya su apego estricto a los principios de política exterior, en especial al de no intervención. Argumenta que por respeto a ese principio evita pronunciarse sobre la situación que prevalece en Nicaragua, en donde Daniel Ortega ha instaurado una dictadura, reasumiendo por quinta ocasión la presidencia de su país, mediante unas elecciones celebradas después de encarcelar a todos sus opositores, violando abiertamente los derechos humanos del pueblo de Nicaragua.
Criticar las violaciones de derechos humanos en cualquier país, sobre todo cuando son flagrantes y masivas, como las que comete Daniel Ortega en Nicaragua, no es intervenir en sus asuntos internos. Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, ningún estado puede reclamar que sus violaciones a los derechos humanos son un asunto interno del que nadie puede opinar. Para su crédito histórico, México lideró esa tesis en las conferencias de Chapultepec y San Francisco de aquel año, en las que se aprobó la Carta de la ONU. Algunas de las páginas más nobles de nuestra política exterior se escribieron precisamente porque México decidió promover los derechos humanos de los pueblos, y no ser indiferente a los abusos de los dictadores.
En cambio, los gobiernos más cerrados del siglo pasado, de Alemán a Díaz Ordaz, se abstuvieron de opinar sobre las violaciones de derechos humanos en países de nuestra región, amparados en el principio de no intervención. Qué bueno que el gobierno de Lázaro Cárdenas no procedió de la misma manera, y su representante en la Sociedad de Naciones, Isidro Fabela, criticó abiertamente las intervenciones de Japón en Manchuria, Italia en Etiopía y la anexión de Austria por parte de Alemania. Qué bueno que Cárdenas apoyó a la República Española ante la insurrección y posterior dictadura franquista. Al hacerlo, México defendió el derecho a la autodeterminación y los derechos humanos de todos esos pueblos.
En época más reciente, qué bueno que México criticó las violaciones de derechos humanos de Pinochet en Chile y de Somoza en Nicaragua, críticas que contribuyeron a la caída de éste último. Qué bueno que también no ignoró las violaciones de derechos humanos en El Salvador, reconoció la legitimidad de la guerrilla salvadoreña y propuso, junto con Francia, una negociación amplia entre el gobierno y esa guerrilla, lo que en 1992 llevó a la adopción de los acuerdos de Chapultepec, que pusieron fin al conflicto interno en ese país. Nada de eso hubiera ocurrido si México se hubiera atenido a una interpretación errónea del principio de no intervención, como bien nos narra el Embajador Ernesto Campos en su reciente libro sobre los 40 Años de la Declaración Franco-Mexicana, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=345021
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En 1979, cuando se inició el gobierno de los Sandinistas en Nicaragua, México le extendió una franca y abierta cooperación económica y política. Le dio todo su respaldo internacional por considerar que era resultado de una legítima insurrección del noble pueblo nicaragüense contra una dictadura. Pero hoy Daniel Ortega se ha apartado por completo de aquella valiente revolución sandinista. Ha encarcelado no sólo a sus adversarios de otras formaciones políticas, sino a muchos de sus correligionarios. Hace mucho que dejó de ser un régimen democrático o de izquierda. Es simplemente una dictadura personal.
En su mensaje a los diplomáticos mexicanos del pasado martes 11 de enero, el Presidente López Obrador subrayó que su gobierno reforzaría su política de asilo a los perseguidos de otros países. Qué bueno que el presidente desea revivir esa noble tradición de la política exterior mexicana. Ya lo ha ofrecido a Julian Assange. Pero hoy el país que necesita, con urgencia, su oferta humanitaria es Nicaragua. México debería ofrecer refugio o asilo político a todos los adversarios que el régimen en ese país ha encarcelado. Todos son claramente presos políticos. Esa acción no puede considerarse intervencionista bajo ningún punto de vista y sí, en cambio, sería una aplicación concreta del principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos inscrito en nuestra Constitución.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@miguelrcabanas
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