El 14 de diciembre de 2021 el Senado de la República aprobó, con una amplia mayoría (75 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones), el proyecto de reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, sancionado por la Cámara de Diputados hace poco más de un año. En este espacio nos hemos referido a esta propuesta de cambio legislativo y a la relevancia que adquirirá, una vez que entre en vigor, en el combate al delito conocido como huachicol carretero.
En este sentido, es de nuestro interés brindar un diagnóstico de esta iniciativa:
Primero: Es producto de un intenso trabajo entre varios legisladores, el Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y los concesionarios particulares agrupados en la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV). Este trabajo permitió que la ciudadanía conociera mejor el problema, así como definir los posibles cambios legales que permitirían a las autoridades atacar más eficientemente al delito.
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Segundo: Es una propuesta plural que se concretó gracias a los diputados Juanita Guerra (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y Víctor Manuel Pérez (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones. Contó con el apoyo, en ambas cámaras, de miembros de otras fracciones parlamentarias. Destacó el soporte de los senadores Ricardo Monreal y Lucy Meza, de Morena; Julen Rementería y Xóchitl Gálvez, del PAN, y Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Destaca en todo este proceso el apoyo brindado por la SSPC, quien, además de instrumentar con éxito el programa Caseta Segura, ha sido clave en la interacción con el Poder Legislativo.
Tercero: Este cambio atiende una problemática relativamente nueva a través de la adecuación del marco jurídico, aún vigente, y establece que el huachicol carretero será castigado con hasta siete años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Su entrada en vigor propiciará la creación de marcos de acción más claros para las fuerzas del orden.
Cuarto: En ningún momento la nueva legislación criminaliza la protesta social. Lo que se busca es eliminar conductas delictivas que muchas veces se disfrazan de falsas causas sociales para lucrar con extorsión; es el término “lucro” el que hace relevante esta característica de respeto a libre manifestación. Es común que grupos delictivos abanderen supuestas demandas sociales para justificar acciones como extorsión, agresiones a usuarios. Mediante la acreditación del “boteo” (dejar pasar a las personas de la vía a cambio de dinero), será posible combatir a estas agrupaciones que tanto daño han generado al erario.
Quinto: No sólo las autoridades federales contarán con un marco legal más propicio para desterrar esta conducta ilegal. El Poder Judicial también dispondrá de un entramado jurídico ad hoc para procesar denuncias y determinar las penas y sanciones.
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Desde 2017, los concesionarios han presentado miles de denuncias; desafortunadamente, sólo un porcentaje mínimo ha logrado prosperar en las instancias de justicia. Es preocupante que, hasta hoy, la gran mayoría de éstos hayan sido desechados con argumentos de que son conflictos “entre particulares”. Es importante recordar que estas vías de comunicación son propiedad de la nación.
Finalmente, la aprobación de esta iniciativa y próxima publicación del Ejecutivo federal será una muestra clara del compromiso de las instituciones públicas de combatir la corrupción y la delincuencia.
De igual forma, pensamos que la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación puede ser el primer paso para atender y desterrar otras vertientes del huachicol carretero, específicamente la evasión de peajes. Como ya hemos referido, esta variante está en franco crecimiento y comienza a generalizarse en la República Mexicana, propiciando pérdidas millonarias para los concesionarios, sin importar su carácter público o privado.
POR POR MARCO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AMCIV, A.C.
@AMCIV
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