Para el expresidente colombiano, Ernesto Samper, lo que ocurre en Nicaragua es una prueba fundamental para la izquierda latinoamericana.
Si ese fuera el caso tanto la izquierda —como por cierto la derecha— están reprobadas y la calificación estará determinada por lo que ocurra el próximo 7 de noviembre se realizará lo que según el gobierno nicaragüense será una elección presidencial.
Pero es ciertamente una elección más digna del pasado no tan remoto de Nicaragua, aunque uno que se creía rebasado con la caída de Anastasio Somoza, parte de una dinastía que gobernó ese país por más de 40 años.
Que el líder responsable de su caída haya sido Daniel Ortega, que hoy usa algunas tácticas muy similares a las que usó Somoza, no deja de ser una ironía.
La campaña electoral se inició el fin de semana pasado, pero si bien pudiera ser presentada como legal y en pleno cumplimiento de las leyes nicaragüenses, está planteada de tal forma que solo una candidatura puede hacer campaña y solo un aspirante tiene posibilidades de victoria. Ortega.
En términos reales será una votación que nadie puede atreverse a calificar como un ejercicio democrático, con los siete principales posibles aspirantes a la candidatura presidencial de los dos mayores partidos de oposición en la cárcel como presuntos responsables de delitos como lavado de dinero, conspiración criminal y hasta homicidio.
Todo está diseñado para que el actual presidente y candidato a una tercera reelección no encuentre mas que la oposición formal de candidatos de cinco pequeños partidos que encuentran muy limitadas oportunidades de hacer campaña en medio de las restricciones impuestas so pretexto de la pandemia de Covid-19.
En términos reales, será un ejercicio marcado por las ausencias y la decisión del gobierno Ortega de encarcelar a todo aquel que pareciera un posible peligro a su reelección.
37 de los principales participantes de oposición en la política de Nicaragua están ahora detenidos, y en algunos casos hay preocupación por su salud -aunque posiblemente más por su edad y las condiciones de confinamiento que por maltratos.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, que es además vicepresidenta de Nicaragua, iniciaron a fines de mayo una política de encarcelar a posibles aspirantes a buscar la Presidencia de la Nación en las elecciones y con ello inauguraron una nueva etapa de intranquilidad y desconfianza, reflejada tanto en el autoexilio de opositores y empresarios como en la creciente emigración de nicaragüenses hacia países vecinos y los Estados Unidos.
Con todo, la situación no ha merecido muchos comentarios oficiales. Cuando Ortega inició la política represora, a finales de mayo, solo Argentina y México expresaron su desaprobación y llamaron a sus embajadores.
Pero el régimen de Ortega les sacó la lengua mientras con alguna excepción, la izquierda guarda un discreto silencio y la derecha sólo gritonea.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MAAZ