Los dos grandes pilares en los que se basó la campaña de López Obrador para llegar a la presidencia en el 2018 fueron que acabaría con la corrupción y que mandaría el ejército de vuelta a sus cuarteles, lo cual iría acompañado con una purga de este y, de paso, el castigo a todos quienes supuestamente tuvieron que ver con Ayotzinapa. De hecho, una campaña magistral fue la emprendida por Epigmenio Ibarra con el “pase de lista” todas las noches desde Twitter a los 43 estudiantes desaparecidos, culpando al ejército de esa desaparición. Sí, impulsó el tema y se tuvo un culpable “deseable” en medios.
Transcurridos ya casi tres años de la actual administración, es notable entonces que, siendo uno de sus temas principales de campaña, resulte este sin la ansiada solución. Así, aunque la Unidad Especial de Investigación y Litigación para Ayotzinapa ha citado a 44 militares a declarar, solo 30 se presentaron. Encima, la Fiscalía no ha transparentado sus declaraciones.
Increíblemente, la PGR del sexenio pasado, tras la exigencia del INAI, hizo público el expediente, pero ahora tratándose de una grave violación de los derechos humanos, el presidente López Obrador y la FGR olvidan que dar a conocer la totalidad de la información forma parte de su antiguo compromiso.
Más aún: la Fiscalía oculta información pese a que existen ya versiones públicas de los hechos. La FGR presentó 239 hojas llenas de párrafos ilegibles, tachados, borrados o conteniendo frases inconclusas. Eso además de que no dio a conocer ninguna pieza de información de lo ocurrido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014.
Tapar lo que sucedió conviene a la 4T, no importa que ello signifique abusar de los padres de quienes se sirvieron durante la campaña. El régimen prueba una vez más que tanto el Estado de Derecho como la Justicia son exclusivamente pretextos o parapetos para utilizar las instancias, las personas y las tragedias para su beneficio.
Pero no nos confundamos. Esto no obedece a una decisión unilateral de la Fiscalía; es resultante de una necesidad del gobierno federal al encontrarse ante un dilema fundamental: no puede culpar al ejército, que es ahora el gran aliado de la Cuarta Transformación, y no puede tampoco desdecirse de la versión que impulsaron y vendieron durante años a sus seguidores: que el Estado, las Fuerzas Armadas en particular, estuvieron detrás de la desaparición y muerte de 43 normalistas.
Esa es la razón fundamental por la que el gobierno no se puede admitir que la verdad histórica en el caso Ayotzinapa es la única verdad, más allá de que las pruebas apuntan en ese sentido.
La 4T de ninguna manera puede darse el lujo de permitir que Ayotzinapa manche al ejército, como tampoco puede admitir que no existe fundamento alguno para seguir sosteniendo el argumento antes referido, uno que capitalizó AMLO, políticamente hablando, durante tanto tiempo.
Así, solo queda traer vuelta y vuelta a los padres y demás familiares de los normalistas. Y eso es lo que hemos presenciado durante más de 36 meses.
Es interesante: la 4T terminó enredada en su propia falsedad.
La tragedia usufructuada en campaña se torna ahora en un lastre. Únicamente queda ofrecer excusas (la especialidad de la casa) a quienes siguen clamando por una verdad alternativa.
El dilema debería erosionar a la 4T; ojalá así sea tarde que temprano. Usaron la tragedia y la mentira como estrategia de campaña y ahora guardan silencio sobre la evidencia que tienen en su poder de lo ocurrido. Vergonzosa su actitud; condenable su cinismo.
POR VERÓNICA MALO
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@MALOGUZMANVERO
MAAZ